El CAJ denuncia que los cinco dirigentes gremiales detenidos en Tierra del Fuego, por llevar adelante una huelga de trabajadores estatales, no han sido legalmente liberados. El juez Javier de Gamas Soler les impuso una restricción ambulatoria que constituye un régimen embozado de prisión domiciliaria. El objetivo de esta ilegal medida es impedirles ejercer la dirección de la huelga, mandatada por sus compañeros de trabajo. A estos efectos, se los mantiene arbitrariamente detenidos.
La medida represiva, inconstitucional y sin antecedentes bajo un estado de derecho, confirma que en Tierra del Fuego existe un estado de sitio embozado. Las calles de Ushuaia están ocupadas militarmente por Gendarmería nacional y policía de "grupos especiales". Los ciudadanos son atacados e impedidos en el ejercicio de sus libertades, bajo cualquier excusa. Las marchas de los trabajadores son hostigadas. Se movilizan grupos de choque, azuzados desde el gobierno, contra los huelguistas. Ejemplo de esta conducta es la golpiza que unos supuestos "camioneros" propinaron a los docentes de escuela primaria que se movilizaban por sus derechos.
Imponer restricciones de libertad a un grupo de ciudadanos sin condena penal, es un delito aberrante; doblemente grave, cuando quien lleva adelante esta acción es un juez que ha jurado hacer cumplir las leyes. La Constitución no permite imponer restricciones a la libertad sin una condena firme. No existe peligrosidad alguna, ni de fuga, que justifique semejante medida: los dirigentes sindicales son personas arraigadas en la provincia, conocidas y respetadas por la sociedad fueguina. Proceder a obligarlos a una prisión domiciliaria encubierta confirma el cese de las libertades constitucionales, de facto .
El juez deberá brindar explicaciones por su conducta ante un Jury de enjuiciamiento. El gobierno que encabeza Roxana Bertone, ante el Congreso, ya que además de generar esta situación, se niega a establecer un canal de dialogo con los huelguistas. Si los dirigentes sindicales no pueden salir libremente de sus casas, y no hay ninguna señal de negociación democrática por parte del poder ejecutivo, lo que se pretende es imponer por la fuerza lo que no se logra legalmente.
La reciente marcha de la población, que llevó nuevamente a la calle a miles de fueguinos, luego de estas detenciones, para exigir que el gobierno se siente a conversar con los huelguistas, revela que el estado de sitio encubierto no solo es ilegal, sino que también es inútil, al no dar los resultados espurios que esperaban sus impulsores.
El CAJ exige el levantamiento de la prisión domiciliaria de los dirigentes Horacio Gallego, Roberto Camacho, José Gómez, Juan Manuel Estefoni y Alejandro Gómez, al tiempo que denuncia la falta de garantías constitucionales en esa provincia, impulsada desde el gobierno provincial de Bertone con el apoyo del gobierno central de Macri, al permitir que la Gendarmería nacional participe de estas maniobras ilegales.
Por el CAJHoracio R. González - Director.
Juan Carlos Capurro - Presidente
