La caída de Fernando De La Rúa, a través de la movilización
del pueblo argentino, es un hecho histórico. Nunca antes un gobierno constitucional
fue obligado a renunciar por la oposición unánime de toda la población.
Doce años de entrega de los recursos nacionales, llevaron a la mayor catástrofe
social de la historia argentina. El sesenta por ciento de la población por debajo de la
línea de pobreza. Un promedio de ochenta niños muertos por día, producto de
la desnutrición. Todo en un cuadro de absoluta impunidad: "gatillo fácil"
policial, "zonas liberadas" para secuestros y robos, genocidas libres,
criminalización de la protesta social.
¿Qué ha cambiado en la Argentina luego de la caída de De La Rúa?
Estructuralmente nada. El gobierno de Duhalde es el responsable de la profundización del
hambre y de la desocupación, con la devaluación del peso y una política
de "default", con pago riguroso de la deuda externa, mientras sectores enteros de la
población clamaban por comida.
El gobierno de Duhalde es responsable, asimismo de la matanza del Puente Pueyrredón, con
cientos de heridos y el asesinato de Kostecki y Santillán.
Duhalde se vio obligado a adelantar las elecciones presidenciales, ante su inminente caída,
luego del fallido giro represivo del Puente Pueyrredón. Ese giro estaba destinado a frenar,
por la fuerza, el sostenido reclamo del pueblo argentino para "que se vayan todos".
Lo que Duhalde no logró por la fuerza, lo obtuvo a través del llamado a elecciones
limitadas a presidente. La exigencia popular de ejercer el poder constituyente, expresada a través
de las asambleas barriales, el movimiento piquetero y los sectores sindicales combativos, fue así
desviada. Esto constituye un triunfo del antiguo régimen sobre las aspiraciones populares.
Pero el período abierto en la Argentina con las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 no ha
sido cancelado.
El candidato propuesto por Duhalde, Kirchner, ganó las elecciones. El nuevo gobierno es una
amalgama de ex menemistas, duhaldistas, dirigentes del Opus Dei, hasta sectores progresistas. Lavagna,
actual ministro de Economía, es el mismo que negoció con el FMI bajo el gobierno de Duhalde.
Kirchner ha tomado varias iniciativas en materia de libertades. Se manifestó contra la criminalización
de la protesta social; por la nulidad absoluta de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e indultos;
por la extradición de genocidas reclamados en el exterior, contra el aumento de tarifas y por la
remoción de algunos miembros de la Corte Suprema.
Simultáneamente, Kirchner declaró su acuerdo con el eje central de la política de Bush: "la
lucha contra el terrorismo"; ha colocado el "salario mínimo" en doscientos cincuenta pesos,
cuando el costo de vida se ubica en más de mil; levantó las restricciones a la fuga de capitales,
autorizando remesar ganancias al exterior.
¿Adónde va, entonces, el gobierno de Kirchner?
Para el CAJ no se trata de analizar los impulsos personales del presidente. La pregunta debe formularse
de manera objetiva. ¿Han cambiado las bases sociales del Estado que llevó a la catástrofe
de 2001? No. Ni cambiaron, ni podrían haber cambiado en las elecciones presidenciales. No es una
imputación la que formulamos, sino una constatación. El Estado es el mismo, con el conjunto de
contradicciones señaladas. El nuevo gobierno sigue representando al antiguo régimen, con su corte
de funcionarios del pasado. Es contra este personal y su política que se alzó el pueblo
argentino en las jornadas de diciembre de 2001.
El nuevo gobierno se manifiesta contra la miseria y la represión. Pero el problema que afronta
es que no se trata de ordenar estructuralmente la miseria, ni reglamentar "democráticamente"
la represión, ni morigerar la impunidad. Lo que el pueblo argentino ha exigido es terminar con
la miseria, con la represión y con la impunidad.
El Plenario Nacional del CAJ caracterizó esta situación, como se verá en este
informe, antes de la asunción de Kirchner.
El CAJ considera necesario, ante los embates reaccionarios que pretenden reafirmar el antiguo
régimen, colocarse en el campo común de defensa de las libertades democráticas,
junto a todos los que estén dispuestos a sostenerlas.
Pero esta defensa no puede tomarse aisladamente, sino de conjunto, en el terreno de los hechos
concretos, oponiéndonos al mantenimiento de la actual situación, caracterizada por un
orden injusto, procurando trabajar para modificarlo.
Para esta tarea, que forma parte de las bases y principios fundacionales del CAJ hace ya más
de una década, es decisivo reafirmar la independencia del Estado.
