Ahora ha desaparecido Julio Gerez, testigo de cargo por torturas contra el ex comisario Patti. Hace tres meses que sigue desaparecido Julio Lopez, testigo de cargo contra el ex comisario Etchecolatz, condenado por genocidio.
Cual fue la conducta del gobierno en el caso Lopez? Negar; negar que fuese un secuestro, negar que fuese posible que se tratase de una desaparición forzada; tratar de diluir el tema, esperando que las aguas chichas de los dias "calmasen" en el tema. Resultado: ni un indicio, ni un solo detenido o pista sobre lo ocurrido.
Resultado: ahora se llevaron a Luis Gerez. Como fulmina una antigua ley humana, y tambien psicoanálitica, lo que se niega se repite.
La repetición en un ser humano debe resolverse en el marco del análisis, pero en el caso de una sociedad,compete a quienes han sido designados para gobernarla hacerse cargo de resolver la crisis con acciones políticas. No sólo a quienes gobiernan,es cierto, sino a la sociedad en su conjunto, como lo demuestra la negación a brindar Justicia por parte del Estado argentino(punto final y obediencia debida), lo que fue resuelto por un conjunto de factores; el mas importante: la movilización de una parte decisiva de la sociedad argentina contra la impunidad, de ayer y de hoy.
Pero el gobierno debe responder, porque está en sus manos proteger a los testigos de casos graves, lo que una vez más no ha hecho; porque tiene en su poder los servicios de Inteligencia y de Policia. Es el gobierno quien debe proteger, y resolver, ya, sin una sola vacilación que lo convierta en cómplice por omisión.
El CAJ, junto un grupo firme de organismos de derechos humanos que no hicieron de coro a la minimización del caso Lopez, hemos exigido al ministro del Interior que busque en las "cuevas", en los "nichos" de la vieja derecha fascista, de los ex comisarios y oficiales que tiemblan por su proxima llamada a juicio.Alli estan los responsables!! El ministro Anibal Fernandez se enoja, vocifera,se niega a recibir a los organismos de derechos humanos, pero nada hizo desde su gobierno en este sentido; o , por lo menos, no hay un solo resultado a la vista, ni una explicación a la sociedad de los esfuerzos necesarios ante lo que está ocurriendo.
Mas de cincuenta mil efectivos militares y policiales, la mayoría desplazados por su pasado junto a la dictadura, gobiernan a su antojo las llamadas "agencias de seguridad", con tecnología de ultima generación y armamento sofisticado. Durante la represion de 2001, a la caida de De la Rua, desde la central del banco HSBC, un miembro de esas agencias ordenó disparar a la multitud en las calles. El ex policia Almirón, miembro de los grupos parapoliciales de las Tres A de los setenta- recien detenido en España- formaba parte, de un "grupo de seguridad" contratado por el gobierno de Galicia. Este es el ejemplo del "modus operandi" de ese sector. Se han reciclado, al amparo del Estado.
En el acto realizado dos dias despues de la desaparición de Lopez, auspiciado por un grupo minoritario en favor de la dictadura, la mayoria de los carteles eran de ciertos sectores sindicales de la vieja derecha peronista; uno de los organizadores,el ex militar Nanni, declaró al Washington Post: "hasta cuando piensan seguir tirando de la cuerda", en una clara amenaza a la sociedad argentina.
Estos hechos revelan que los sectores que reivindican estas metodologias son identificables, son precisos, no están en una nebulosa inalcanzable.
El gobierno debe responder con hechos a la sociedad que, angustiada, se dispone a pasar, nuevamente, un fin de año con desaparecidos en la Argentina.
El CAJ exige al gobierno que deje de negar, de minimizar lo que está ocurriendo, y que se haga cargo de la tarea que le es propia: individualizar y llevar ante la Justicia a los autores, materiales e intelectuales, de estos secuestros, y de la ola de amenazas que continua, imperterritamente, sacudiendo al país, sin que se ubique a un solo responsable.
El CAJ exige que el ministro del Interior, en lugar de negarse a dialogar con los organismos de derechos humanos, dé explicaciones de la falta de custodia a testigos y a sus defensores.
El CAJ exige que se crucen los datos del personal de agencia de seguridad, uno por uno, se indentifique a sus directivos, y se depure su subsistencia, adecuandola a la vigencia de las libertades democráticas. Nadie que haya sido represor puede reciclarse como custodia de ningun bien, pues los ha arrasado todos cuando tuvo oportunidad.
El CAJ exige que las dos centrales sindicales se desmarquen de manera tajante de quienes actualmente promueven el odio en el sector, agitando viejas diferencias que hoy ya no existen. Para ello, nos hacemos eco de un pedido ya reiterado por el caso Lopez: que convoquen a un paro general nacional conjunto en demanda de la aparición con vida de Lopez y Gerez y el juicio a los responsables.
El CAJ confía en la movilización de la sociedad argentina como refugio sólido en defensa de las libertades. Es desde allí, desde esa movilización, desde donde se resolverá, como lo fue en el pasado, este nuevo ataque promovido por los sectores aislados y en desbande de la derecha genocida.