Paris, 7 de Diciembre 2007 - La FIDH condena la utilización desproporcionada de la fuerza
por el Ejército que se dio en la provincia de Orellana, en contra de las comunidades
campesinas, así como la declaración del estado de emergencia mediante decreto del 29 de
noviembre de 2007. Estas condiciones llevaron a malos tratos y torturas, y a la detención
arbitraria de varias personas, de las cuales 22 personas siguen detenidas y enjuiciadas.
Ante la negativa del Gobierno y de la petrolera de participar en las reuniones que habían
propuesto, las comunidades de la parroquia Dayuma iniciaron, el día 26 de noviembre, un cierre
de vías para exigir que el gobierno y la petrolera estatal, Petroproducción, cumplieran con los
compromisos asumidos en un acuerdo del 2005 en el cual se prevé la construcción de una
carretera así como la realización de una remediación ambiental. En vez de abrir el diálogo, el
gobierno declaró el estado de emergencia, suspendiendo así varios derechos garantizados por la
Constitución (libertad de expresión, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia,
libertad de circulación y libertad de reunión y asociación), reforzó la presencia militar en la zona y
declaró vigente la ley de seguridad nacional que pone a los civiles bajo fuero militar.
Los días 29 y 30 de noviembre, unas 45 personas de Dayuma fueron detenidas arbitrariamente
por las Fuerzas Armadas quienes entraron a los hogares de los habitantes, comportándose de
manera muy violenta. Algunas de las personas detenidas fueron torturadas. Mediante habeas
corpus, el 1 de diciembre, se ordenó la libertad de 31 personas, disposición que no fue acatada
por la fuerza pública y al momento están detenidas 22 personas y enjuiciadas por el Fiscal de lo
Penal de Orellana por el delito de terrorismo organizado y están a órdenes del juez 3° de lo Penal
de Orellana. Paralelamente, el día 30 de noviembre, se detuvieron unas 110 personas en la
población del Coca; la mayoría de ellas fueron liberadas al día siguiente.
El Presidente Rafael Correa, en intervención pública en relación con estos hechos, manifestó que"las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas", y que todo aquel “que se
opone al desarrollo del país es un terrorista". La FIDH, reconoce la necesidad de desarrollo en el
marco de la Declaración de Naciones Unidas de 1986 que establece que el derecho al desarrollo
es un derecho humano que está indisociablemente ligado al respeto pleno de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales. Por tanto, la FIDH condena fuertemente los graves
ataques del Presidente Correa a las comunidades y a los ecologistas. Tratar como terroristas a las
comunidades afectadas, no sólo es un despropósito, sino un atentado flagrante desde la más alta
autoridad del Ecuador a las libertades fundamentales de estas comunidades y a los
ambientalistas.
La FIDH ve esta situación como muy grave ya que mediante la declaración del Estado de
Emergencia se vulneran las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión,
protegidas tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos regionales e
internacionales de protección de los derechos humanos. Estos hechos contradicen abiertamente
la sentencia de la Corte Interamericana (Caso Zambrano y otros contra Ecuador, julio de 2007) en
la cual la Corte dispuso que el Estado debe adecuar su legislación interna en materia de estados
de emergencia y suspensión de garantías, que no debe utilizar estados de emergencia para
combatir protestas populares y que tampoco debe utilizar la Ley de Seguridad Nacional para que
militares efectúen control del orden interno. También, el haber decretado la censura previa de los
medios de comunicación para que no pudieran difundir la información aparte del bando militar
constituye una violación del artículo 13§2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La FIDH urge las autoridades ecuatorianas a que se liberen las personas que están detenidas
arbitrariamente y a que se levanten los cargos que pesan contra ellas. Asimismo, la FIDH llama a
que se investiguen las denuncias de torturas y malos tratos a fin de que los responsables de estos
actos sean juzgados y sancionados conforme a lo que la ley prevé, a lo largo de un juicio justo e
imparcial.
Es fundamental que se abra sin más tardar un diálogo entre las partes para que se cumpla con los
compromisos asumidos en el 2005. La FIDH también pide al gobierno que, conforme a la
sentencia de la Corte Interamericana, se proceda a la reforma inmediata de la Ley de Seguridad
Nacional que constituye un grave quebranto a las obligaciones contraídas al ratificar la
Convención Americana. Llamamos igualmente al Presidente Correa a rectificar públicamente sus
declaraciones que ligan la protesta social al terrorismo y a garantizar que los frutos del desarrollo
lleguen a toda la población ecuatoriana, comenzando por garantizar que las comunidades
concernidas directamente en la explotación de los recursos naturales sean adecuadamente
consultadas para ser beneficiarias del desarrollo y no víctimas del mismo.