Represión en Córdoba

 

El Comité de Acción Jurídica (CAJ), integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), repudia enérgicamente la brutal represión policial desatada en la provincia de Córdoba el 30 de julio contra los trabajadores y jubilados estatales durante una manifestación en contra la ley de reforma previsional impulsada por el gobierno de Juan Schiaretti.

La movilización convocada por la totalidad de los gremios estatales frente a la Legislatura provincial donde se llevaba a cabo la votación de dicha ley, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), el Sindicato de Luz y Fuerza, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC-CTERA) la Asociación Gremial Empleados del Poder Judicial (AGEPJ-CTA) y el Sindicado Unido de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) fue objeto de un accionar policial que descargó balas de fuego, de goma y gases lacrimógenos. Es de destacar, la gravedad que, en ese contexto, adquiere la denuncia de tres trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba que fueron detenidos en el transcurso de la movilización.

Los afiliados al gremio de Luz y Fuerza revelan que durante su detención fueron conducidos a una oficina de la Legislatura provincial donde sufrieron salvajes golpizas y tormentos intimidatorios, tal el caso de Fernando Leyría, hijo del secretario general de Luz y Fuerza, Juan Leyría, que según un parte médico acredita “traumatismo de muslo izquierdo; traumatismo de parrilla costal derecha con fractura de la novena costal; traumatismo de cuarto dedo de mano izquierda con fractura de la tercera falange, sin desplazamiento; y traumatismo de hombro derecho”. El CAJ entiende que este accionar se enmarca en una política de doble vía: por un lado criminaliza la protesta social y por otro reprime físicamente implementando prácticas selectivas de intimidación y represión. Esta política ha sido reiteradamente denunciada por el CAJ ante la Justicia y presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2006.

El CAJ solicitará una nueva audiencia en la CIDH para requerir la adopción de medidas cautelares sobre el Estado argentino de manera de impedir que las manifestaciones públicas sean reprimidas y judicializadas.

 

 

Comité de Acción Jurídica

08/08/2008