Paris, Bogota, 17 de Octubre de 2008 - La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
condena la represión violenta de la manifestación llevada a cabo por las comunidades indígenas en varios
departamentos de Colombia, y que hasta el día 16 de octubre dejó, entre los indígenas, un saldo de un
muerto, más de 100 heridos - muchos de gravedad – y 8 familias desalojadas1. 19 policías habrían sido
heridos también.
Desde el día 11 de octubre, aproximadamente 10.000 indígenas están movilizados en todo el país para
celebrar la "Minga de Resistencia Social y Comunitaria" a fin de recordar el aniversario del desembarque
español en el continente americano y pedir el respeto de sus derechos fundamentales empezando con su
derecho a la vida2
y el restablecimiento de sus derechos territoriales, en conformidad con los compromisos
asumidos por el Gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos3.
Las comunidades indígenas se concentraron en la María, resguardo indígena declarado como territorio de
paz y convivencia, por el Gobierno colombiano en el año 1999 (municipio de Piendamó, centro del
departamento del Cauca) y a lo largo de la vía Panamericana. Desde el día 13, un contingente de al menos
1.000 hombres armados (incluyendo elementos de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios –
ESMAD – y el Ejército) están presentes en el Cauca, apoyados por tanquetas y helicópteros. El día 14 de
octubre, el General Páez Varón lanzó un ultimatum a los manifestantes para que liberaran la vía, advirtiendo
que, de lo contrario, la despejaría. Aseguró además que el movimiento estaría infiltrado por las FARC, lo
cual fue posteriormente desmentido por los líderes indígenas. El día 15, en horas de la madrugada, los
manifestantes fueron asaltados con fusiles, gases lacrimógenos y granadas de mano, provocando la muerte
de 1 persona y decenas de heridos. Ya en los días anteriores varias personas habían sido heridas y cuatro
detenidas arbitrariamente.
La FIDH condena este uso desproporcionado de la fuerza y expresa su profunda preocupación frente a las
denuncias de la presencia de civiles armados protegidos por la policía que disparan a los manifestantes
desde los montes, así como por los actos de barbaridad cometidos por elementos del ESMAD que hirieron
gravemente a un comunero indígena con machete. Éstos habrían además dejado el indígena tirado en el
suelo durante varias horas, impidiendo el ingreso de ambulancias para su atención. La FIDH denuncia
también el atentado perpetrado por las fuerzas armadas contra el centro de atención a la salud y la
destrucción de elementos de primeros auxilios que estaban siendo utilizados por los indígenas para atender
a los heridos, así como el haber impedido el paso de una ambulancia y obstaculizado la labor del cuerpo
médico y de los defensores. Se condena también la destrucción de varias casas de comuneros indígenas.
La FIDH recuerda que estos graves acontecimientos se presentan en un contexto general de violaciones
graves, sistemáticas y reiteradas de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia: en el último mes
29 indígenas fueron asesinados4, y en los últimos 6 años más de 1.240 indígenas han sido asesinados en
Colombia5 y al menos 53.885 desplazados6. En este contexto preocupan profundamente las afirmaciones
de las más altas autoridades, incluyendo el Presidente, según las cuales terroristas estarían infiltrados entre
los manifestantes7.
Se denuncia al respecto que dos miembros de la inteligencia militar fueron encontrados
con camuflados, radios de comunicaciones, un manual con indicaciones de armas y explosivos. Fueron
retenidos al interior del resguardo de la Maria y entregados por parte de las comunidades indígenas a una
comisión compuesta por Naciones Unidas y organismos de control del Estado. Estas acusaciones y
manipulaciones abren la puerta a una represión más feroz aún.
La FIDH recuerda al respecto que días previos a la marcha fueron masacrados en el municipio de Riosucio
(Caldas) los indígenas Embera Chami Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo Alarcon, y
herida la mayor de 70 años Maria Angelica Alcarcon por parte de la estructura paramilitar autodenominada
« Águilas Negras ». Igual situación ha ocurrido en el Departamento del Cauca donde en los últimos días
han sido asesinados 11 indígenas paeces, entre ellos Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César
Hurtado Tróchez, asi como el ex-consejero mayor del CRIC Raul Mendoza, hecho ocurrido el 28 de
septiembre del 2008. Ya un mes antes de la movilización, los indígenas paeces recibieron amenazas de
muerte por parte del mismo grupo paramilitar, así como el anuncio de un exterminio en marcha, hechos que
coincidieron con la renuncia de Juan José Cháux Mosquera, ex- gobernador del Cauca, y que ocupaba el
cargo de embajador en República Dominicana por nexos presuntos con el paramilitarismo colombiano8.
La FIDH urge al Presidente Uribe a que acceda al pedido de diálogo formulado ya desde el día 9 de octubre
por los indígenas que exigen que se garanticen sus derechos fundamentales, empezando con el derecho a
la vida, se les respete su derecho al territorio y que llame al cese inmediato de las operaciones armadas
contra las movilizaciones sociales que realizan indígenas y campesinos. La FIDH pide también que los
hechos sean objeto de una investigación pronta e imparcial y que se sancione a los autores de estos
crímenes. Se hace también un llamado a la Defensoría del Pueblo, Procuraduria General de la Nación a que
se haga presente en la zona afectada.
La FIDH llama la comunidad internacional a que mandate urgentemente una misión internacional de
investigación sobre estos graves acontecimientos. Esto resulta transcendental ya que los medios de
comunicación no han podido llegar al lugar de los hechos.
1
Se reparten como sigue: Departamento del Cauca, un indígena asesinado, 89 heridos de gravedad, 7 de ellos
con arma de fuego, 17 con artefactos recalzados, y 21 con machete, 8 familias desalojadas e intento de violación de una
menor de edad. Departamento del Valle 26 indigenas heridos. Departamento del Risaralda 14 indígenas heridos,
producidos por parte del la Fuerza Publica colombiana (fuentes: Autoridad Nacional de Gobierno Indígena – ONIC y
Sistema de Información Nacional sobre Derechos Humanos – SINDH; Asociación de Cabildos Indígenas en el Norte
del Cauca (ACIN), Saldo de la Barbabarie cometida en la María Piendamó, 16 de octubre 2008
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8918)
2
Igualmente han solicitado que se implementen medidas especiales con carácter urgente y concertadas con las
autoridades indígenas frente a la grave crisis humanitaria que atraviesan, en especial los que se encuentran en vía de
extinción, así como medidas para la superación de la impunidad ante las graves violaciones a los derechos humanos.
3
Varios acuerdos fueron celebrados entre las comunidades indígenas y el Gobierno Colombiano, entre ellos la
repartición colectiva de tierras que se comprometió el Estado de Colombia a entregar a las comunidades indígenas del
Cauca, en el marco del proceso de solución amistosa celebrado en instancias de la CIDH, por la masacre del 16 de
diciembre de 1991, donde fueron asesinados 20 indígenas paeces en el municipio de Caloto (Cauca), y cuya
resposonsabilidad fue atribuida a miembros de la Policía Nacional y estructuras paramilitares.
4ONIC – SINDH
5 Entre el 1 de enero del 2002 y el 15 de octubre del 2008 (ONIC, Las cifras del genocidio contra los pueblos
Indígenas de Colombia. Octubre 2008).
6
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
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