Panamá: La FIDH solicita la derogación de la ley de reforma al código de recursos minerales
14 de Febrero de 2011
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su
preocupación por la aprobación de la reforma del Código de Recursos Minerales de Panamá, que
atenta contra la seguridad ambiental, y denuncia la ausencia de consulta durante su discusión.
El pasado 10 de febrero fue aprobado por la Asamblea en tercer debate el proyecto de Ley N°
227, que establece reformas al Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, en
medio de un proceso violatorio del derecho a la consulta previa e informada de la sociedad civil y
de las comunidades afectadas.
Este proyecto prevé, entre otros, la limitación del control ambiental sobre la minería,
disminuyendo la competencia de la la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) al condicionar sus
inspecciones al requerimiento previo de la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de
Comercio e Industrias. También impide que las instancias gubernamentales puedan suspender
las actividades de las empresas mineras que no cumplen con sus responsabilidades ambientales.
Mediante esta reforma, el gobierno panameño apuntaría a atraer la inversión extranjera e iniciar
la explotación de la mina de Cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre más grandes del
planeta, ubicado en el occidente del país, donde viven las comunidades indígenas Ngóbe y
Buglé.
Además del contenido de la Ley N° 227 y sus graves consecuencias ambientales, la FIDH
considera como particularmente alarmantes las condiciones de su discusión, pues el proyecto fue
elaborado a puertas cerradas, sin que se hiciera pública la información al respecto pese a las
numerosas solicitudes formuladas por la sociedad civil. Tampoco se tomaron en cuenta las
preocupaciones y reivindicaciones de las comunidades indígenas, sino que al contrario, se
reprimieron las manifestaciones pacíficas destinadas a expresar el rechazo a esta reforma.
El 7 de febrero de 2011, en San Félix, provincia de Chiriquí, la Policía Nacional arremetió con
gases lacrimógenos y perdigones contra las protestas realizadas por comunidades indígenas
Ngóbe y Buglé, y detuvo a 19 personas, que después fueron liberadas. También resultaron
heridos seis manifestantes a raíz de los incidentes violentos provocados por la represión.
«La FIDH insta a las autoridades panameñas a que garanticen el derecho a la manifestación
pacífica, a que deroguen la ley de reforma al Código de Recursos Minerales y a que inicien un
debate amplio y participativo entorno a la seguridad ambiental, de manera a cumplir con sus
obligaciones internacionales en materia del derecho a la participación ciudadana», dijo Souhayr
Belhassen, Presidenta de la FIDH.
La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza contra comunidades que legal y
legítimamente ejercían su derecho a la manifestación pacífica.. Asimismo, denuncia la ausencia
de un proceso de diálogo y la falta de consulta previa libre e informada en la discusión de la
reforma al Código de Recursos Minerales, lo cual representa una seria vulneración del derecho a
la participación de la población panameña, y expresa su preocupación por los impactos
ambientales de la explotación minera.