Declaración del CAJ

UN BALANCE DE LO SUCEDIDO EN EL BORDA

 

El viernes 27 de abril el gobierno de la ciudad de Buenos Aires demolió las instalaciones de los Talleres Protegidos del Hospital Borda para Enfermos Mentales. Lo hizo con sigilo, de madrugada. Actuó de esa manera subrepticia porque la Justicia le había dado la orden de no hacerlo.

Cuando los médicos y trabajadores de la salud que allí cumplen funciones llegaron a su lugar de tareas, una compacta fila de policías metropolitanos, fuertemente pertrechados, les impidió acceder al lugar. A través de sus delegados gremiales pidieron explicaciones. ¿Por qué no podemos ir a nuestro lugar de trabajo? La policía alegó que cumplía “ordenes del gobierno de la ciudad”. Las autoridades de la ciudad, así como las de hospital, se negaron a recibir a los representantes de los trabajadores para explicar esta conducta indebida.

A medida que se acercaban al lugar periodistas de todos los medios y legisladores de distintos partidos, la policía metropolitana compactó un cerco físico sobre el lugar. Los diputados preguntaron por el oficial de policía a cargo de este operativo, a efectos de entender que estaba ocurriendo. Ningún oficial se presentó para identificarse. Esto creó una gran tensión entre los trabajadores que protestaban de viva voz y los elementos policiales que- sin mediación previa- comenzaron a cargar sobre los trabajadores. El lugar se convirtió en una verdadera cacería humana.

La policía metropolitana cargó contra los periodistas, procurando arrancarles las cámaras fotográficas. Fueron apaleados salvajemente, al igual que muchas médicas y médicos, si como familiares de pacientes del hospital, delegados sindicales, incluso muchas enfermeras. Los legisladores también fueron golpeados y baleados. El diputado Fabio Basteiro debió ser atendido con dos disparos de bala, el más grave en la espalda, lo que implica que se le tiró expresamente al cuerpo para dañarlo.

Los policías, la mayoría con el rostro cubierto- puede verse claramente en las filmaciones efectuadas- no se limitaron entonces a pegar con sus bastones especiales solamente, sino que tiraban con sus rifles de asalto haciendo puntería sobre los presentes, a la cabeza y el tórax. Se trata de rifles especiales que tanto pueden tirar munición de goma como de plomo.

Muchos de los trabajadores fueron detenidos. Ocho de ellos fueron llevados a la comisaría cuarta, donde se los alojó en celdas individuales, sin luz, ni agua y sin la debida atención médica, ya que estaban muy golpeados. Una de las enfermeras, una mujer mayor, estaba imposibilitada de caminar por los golpes recibidos en las rodillas y la espalda. A pesar de su delicado estado de salud, el SAME (servicio de ambulancias del gobierno de la ciudad) alegó no poder ir a atenderla porque” estamos muy ocupados, no tenemos móvil para enviarles”. Llegaron recién dos horas mas tarde a la comisaría. La señora tuvo que ser internada de urgencia. Otra enfermera, que padece problemas de locomoción, pues debe utilizar un bastón para caminar, fue no solamente golpeada, sino que al ser arrestada la llevaron más de trescientos metros arrastrada por el piso, lo que le produzco graves lesiones.

 

Todo lo mencionado nos consta directamente, pues estuvimos en el lugar en nuestra calidad de defensores de los derechos humanos.

LA BARBARIE

Esta somera descripción de lo ocurrido permite establecer una primera serie de apreciaciones:

1. El gobierno de la ciudad no cumplió con la orden de un juez que establecía la prohibición de demoler el taller del Borda. Cometió así su primer delito: incumplir una orden legítima de la autoridad judicial.

2. El gobierno de la ciudad envió policías especialmente entrenados que- sin mediar orden judicial- golpearon y dispararon para garantizar, desde el uso ilegal de una fuerza desmesurada, el incumplimiento de la ley que estaban garantizando.

3. Los oficiales a cargo del operativo no se identificaron porque sabían que la feroz represión- previamente planificada- traería consecuencias para juzgar su accionar ilícito.

4. Se montó un operativo policial paralelo, para evitar que quedasen pruebas de esa brutal represión. De allí que fueran detenidos periodistas de los diarios La Nación y Clarín, testigos de lo que estaba ocurriendo.

5. En la comisaría cuarta de la metropolitana se puso en calabozos comunes, sin luz eléctrica, y tras gruesos barrotes (“protocolos” policiales del siglo 19) a honestos trabajadores de la salud, como el doctor Prieto y las enfermeras de su equipo médico. Al ser increpados por su actitud y obligados a abrir las celdas, las autoridades policiales alegaron cumplir “órdenes superiores”, negándose a especificar quien se les había dado.

Estos hechos demuestran que asistimos a una represión planificada con la saña propia de una dictadura. Los signos de barbarie antidemocrática son objetivos.

 

NO HUBO EXCESOS

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires , a través del jefe de gobierno Mauricio Macri y su secretario de seguridad, Montenegro, defendieron el accionar policial. Dijeron que hubo algunos manifestantes que les arrojaron piedras a los policías.

Ni los médicos, ni los enfermeros y enfermeras del Borda, ni los familiares de los pacientes del hospital, ni los legisladores y periodistas, arrojaron, como surge de la prueba obrante, ninguna piedra. Ninguna imputación justifica hacer puntería con rifles de asalto, sobre médicos, enfermeras, periodistas y legisladores. El hecho es doblemente grave pues se realizó dentro de un hospital que alberga en su interior a personas con alteraciones mentales que están allí para ser cuidadas y curadas; no para ser objeto de la tortura psicológica que conlleva una violencia arbitraria impuesta por gente uniformada.

En su escueta defensa, el gobierno de la ciudad alega que” pudo haber excesos por parte de algunos policías”. Y que esto será investigado. Lo cierto es que hasta el día de hoy, pasadas ya más de 72 horas de los hechos, no hay ningún indicio en este sentido.

Los policías de la metropolitana deben ser imputados (además de otros delitos) de seguir órdenes ilegítimas. Esta actitud no aparece como incongruente: la mayoría de los jefes de esa fuerza son personal expulsado por su conducta de la policía federal. Muchos de ellos por graves irregularidades, que van desde acusaciones por apremios ilegales hasta desvío de fondos. El propio encargado de reclutarlos, ex comisario Palacios, está acusado actualmente, en juicio en curso, de haber sido partícipe necesario en el atentado terrorista a la mutual judía AMIA.

No hubo excesos, entonces, sino órdenes dadas por quienes consideran un “triunfo” demostrar que pueden reprimir salvajemente todo conflicto legítimo que los involucre.

En el caso del Borda, demoler ese taller de recuperación terapéutica, les habilita a construir un edificio que es la piedra fundacional de un inmenso negociado inmobiliario en la zona.

El CAJ patrocina las denuncias y querellas presentadas en estos días contra las autoridades del gobierno de la ciudad, en el entendimiento de que este tipo de actuación represiva forma parte premeditada de un intento de hacer retroceder las libertades en la Argentina.


 


CAJ (Comité de Acción Jurídica)*
Juan Carlos Capurro- Presidente – Horacio R. González –Director-
* Miembro afiliado de la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)- Francia.