FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos
París, Buenos Aires, Madrid, 6 de noviembre de 2014.- La FIDH y sus organizaciones
miembro en Argentina LADH, CAJ y CELS, y la APDHE de España, solicitan al Estado
español que extradite o, en su caso, juzgue a los españoles acusados de crímenes de lesa
humanidad, cometidos durante la dictadura franquista, en la causa número 4591/2010
incoada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (República
Argentina).
Dentro del único proceso en curso en el mundo contra el franquismo, la jueza argentina
Maria Romilda Servini de Cubría, ha ordenado el arresto y extradición de 20 españoles
acusados de delitos de lesa humanidad, durante y después de la guerra civil desde 1.936 a
1.977 contra todos los grupos humanos de la Nación española que se oponían al proyecto
político, económico, social y cultural del franquismo. La jueza tomó esta decisión el pasado
jueves 30 de octubre, invocando el principio de justicia universal. Conforme a este
trascendental principio jurídico los tribunales de justicia nacionales tienen competencia
para investigar y, en su caso, enjuiciar acusaciones sobre crímenes internacionales en países
extranjeros, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o victimarios o los
intereses de su propio Estado. Es la naturaleza internacional del crimen y su gravedad la
que determina el carácter universal de la jurisdicción.
Las organizaciones firmantes saludamos esta medida de la jueza Servini e instamos a las
autoridades españolas a que proceda a las detenciones y subsecuentes extradiciones de los
acusados por crímenes tales como asesinatos, torturas o desapariciones forzadas, para que
bajo las garantías del debido proceso, puedan ser interrogados por la justicia en Argentina.
“La petición de la jueza argentina usa los mecanismos de justicia internacional abiertos
por las víctimas de graves crímenes que no tienen acceso a un juez en su propio país”,
afirmaron las organizaciones firmantes. “A la impunidad privilegiada por el Estado
español, la justicia argentina actúa en conformidad con el derecho de las víctimas de
estos crímenes a la verdad y la justicia.” añadieron.
España fue pionera en la aplicación de la jurisdicción universal. Se abrieron causas sobre
Chile, Argentina, Guatemala, Sahara, Tibet, Ruanda, Palestina, Guantánamo, Irak, entre
otras. Sin embargo, la reforma de la ley que establece el principio de justicia universal fue
severamente limitada en el 2009 y prácticamente eliminada en el 2014, con lo que se
terminó de cerrar un mecanismo eficaz de combate contra la impunidad en el mundo en
relación con las graves violaciones de los derechos humanos.
Frente a los crímenes del franquismo la única respuesta de las autoridades españolas ha sido
la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, desconociendo que la amnistía de crímenes
de lesa humanidad violenta el derecho internacional y la obligación de los Estados de
perseguir y sancionar esos crímenes.
Dada la negativa de la justicia española a enjuiciar los hechos, amparándose entre otros
insostenibles argumentos en dicha ley, cientos de querellantes víctimas de los crímenes
cometidos durante la dictadura de Franco, amparados en su derecho a que se haga justicia,
acudieron a Argentina, buscando la justicia que les fue negada por España.
El Estado español debería cumplir con su obligación de verdad y justicia sobre los graves
crímenes cometidos durante el franquismo. Al no procesar y juzgar a los acusados de estos
crímenes y privilegiar la amnistía y la impunidad, tiene la obligación de extraditarlos.
No solo las víctimas tienen derecho a la justicia, la sociedad española y la comunidad
internacional deben dilucidar este periodo dramático de la historia y averiguar la verdad de
lo ocurrido y determinar las responsabilidades.
