El Congreso de la FIDH, reunido en la ciudad de Quito, declara:
1.El reciente intento de asesinato(1/2/04), en la ciudad de Quito, del líder indígena Leonidas Iza, así como la explosión de una bomba en medio de la multitud que participaba, en la ciudad de Buenos Aires, de un acto de protesta opositora (20/12/03), colocan en el primer plano de la preocupación de este Congreso la situación de los defensores de derechos humanos.
Para la FIDH todo luchador o dirigente social y político es también un defensor de los derechos humanos. . Leonidas Iza, es un defensor de la postura contra el ALCA y de la lucha por los derechos de los pueblos originarios de su país. La bomba colocada en la Plaza de Mayo hirió gravemente a un grupo de dirigentes del movimiento de desocupados (piqueteros), que bregan por el derecho esencial a un trabajo digno, al alimento y la salud, ante la grave crisis económica que aún padece la Argentina
En ambos casos se sospecha, según informes confiables, de la participación de estos atentados de elementos paramilitares y/o policiales poniendo en duda el papel que el Estado ha jugado en estos episodios.
Estos hechos se inscriben en una política generalizada en toda la región de Criminalización de la Protesta Social, como también lo demuestran los asesinatos de manifestantes en las jornadas que culminaron con la caída de Sánchez de Losada en Bolivia, donde se aplicó el Terrorismo de Estado, a través de la intervención de las fuerzas militares en la represión a las multitudes que manifestaban.
Terrorismo de Estado y Criminalización de la Protesta Social, son dos caras de una misma realidad latinoamericana. Durante los últimos treinta años, la protesta social fue reprimida en la región mediante el terror. La desaparición forzada ymasiva de personas, los asesinatos y la tortura, fueron impulsados desde el Estado.
En la mayoría de los casos, adoptó la forma de dictaduras militares, como en Brasil, Chile, Argentina y Bolivia, Nicaragua y ParaguayEn otros, Perú, bajo la forma de gobiernos civiles (Belaúnde, Alan García) finalmente devenidos dictadura civil (Fujimori). O con gobiernos formalmente constitucionales, tolerando o auspiciando el terror bajo formas estatales o para-estatales, como en Colombia y Guatemala.
La Criminalización de la Protesta Social ha venido aplicándose bajo gobiernos electos mediante sufragio universal. A diferencia del Terrorismo de Estado, de metodología fascista, este otro tipo de represión se caracteriza por judicializar el conflicto social. Los dirigentes sindicales, políticos, estudiantiles y defensores de derechos humanos, son sometidos a proceso penal por el “delito” de criticar y movilizarse contra el gobierno, lo que es considerado “sedicioso”.
No existe, sin embargo, una frontera definitiva entre ambas metodologías represivas. El asesinato de opositores y la tortura continúan bajo regímenes democráticos, del mismo modo que las dictaduras no se privaron de realizar remedos de procesos judiciales, contra aquellos opositores que no podían eliminar físicamente.
En Colombia, cientos de dirigentes sindicales y sociales han sido asesinados, torturados o desaparecidos y preseosmientras a muchos de los mejores defensores de derechos humanos, se los acusa y pretende procesar, bajo las más burdas imputaciones. El propio presidente Uribe se puso a la cabeza de esta campaña de calumnias, en ocasión de la sanción de la nueva ley antiterrorista.
En Bolivia, la represión del fallido gobierno de Sánchez de Losada, desencadenó recientemente, en apenas tres días, el asesinato a mansalva de más de cien personas.
En Argentina, más de diez mil personas se encuentran actualmente procesadas, y más de ochenta han sido asesinadas, por participar de protestas contra las políticas económicas de los últimos doce años, que culminaron con la quiebra del país.
2) El hilo conductor entre Terrorismo de Estado y Criminalización de la Protesta Social, es la política económica. La oleada de golpes militares iniciada en la década del setenta, estuvo acompañada de planes económicos de “ajuste” y baja de salarios. Las estadísticas de la región ponen en evidencia que uno de los objetivos principales de esos golpes, fue la desindicalización, para impedir el reclamo contra esas nuevas políticas La primera medida de los golpes de Pinochet y Videla fue intervenir los sindicatos, los partidos políticos y prohibir todas sus actividades. El 70 por ciento de los desaparecidos, en esos países, pertenece a la clase trabajadora.
Luego de la caída de las dictaduras, bajo gobiernos democráticos, se aplicó la política llamada “neoliberal”, de privatización de empresas estatales. Esto trajo aparejado una creciente ola de desempleo y pauperización masiva. Poblaciones enteras, al sur de río Bravo, salieron a las rutas a exigir soluciones, ante un Estado causante y, a la vez, ausente.
Podemos decir que, así como el Terrorismo de Estado fue el recurso contra la ola de movilizaciones sindicales y políticas de los setenta, la Criminalización de la Protesta Social y la política de "gatillo fácil" son las respuestas actuales de los Estados, ante la ola de movilizaciones de los desocupados, de los despojados de cultivos y de los sin tierra, como resultado de esta política económica ”neoliberal”.
3) El terrorismo individual o de grupos, también es una consecuencia de las políticas implementadas en la región. Pero no existe un signo homogéneo en su génesis. El caso de la AMIA en Argentina, brutal atentado antisemita, es el resultado de los años de impunidad del aparato represivo. Los servicios de inteligencia y los “grupos de tareas” intactos de la dictadura están, como se probó judicialmente, detrás de esa masacre. El atentado al Club “El Nogal” en Colombia, atribuido por el Estado a las Farc, ha sido negado por éstas, atribuyéndolo a un ajuste de cuentas entre sectores antagónicos del empresariado colombiano. La dirección de Sendero Luminoso, por su parte, ha reconocido su responsabilidad en determinadas matanzas de campesinos, recientemente admitidas, al tiempo que negaron otras imputaciones, a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú.
Impulsamos el decidido esclarecimiento y enjuiciamiento de estos graves hechos, que sólo podrá ser realizado mediante la intervención, directa y democrática, de los pueblos que han padecido sus efectos. La experiencia indica que, por el contrario, la intervención del Estado, ha pretendido eludir su responsabilidad, utilizando la llamada “teoría de los dos demonios”, impidiendo así la clarificación de lo ocurrido, en todos sus términos.
4) De conjunto, la región aparece condicionada por la actual política interior y exterior de Estados Unidos, que mantiene en Guantanamo , territorio de Cuba, a cientos de detenidos sin nombre, causa ni proceso, incluidos menores de edad; que sostiene un bloqueo contra el pueblo de ese país, obligándolo a padecer por falta de alimentos y medicinas; que exige, incondicionalmente, inmunidad penal para la intervención de sus tropas en los países latinoamericanos, mientras se opone a someterse a la Declaración Americana de Derechos Humanos, luego de haberla firmado, y a ratificar la Corte Penal Internacional.
5) Esta pretensión de impunidad, ha sido imitada por la mayoría de los Estados de la región respecto de sus conductas violatorias de los derechos humanos. La movilización popular ha echado por tierra estos intentos, como lo demuestra la tenaz lucha por los juicios a militares en todo estos países. La reciente anulación de las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina, como el reclamo en Chile por los crímenes de su dictadura o el encarcelamiento de criminales en Guatemala y Colombia, demuestran que “el paso del tiempo”, al que aluden en su favor los criminales y sus cómplices, no hace sino potenciar el reclamo de justicia.
6) Pero la impunidad que el Estado impulsa para los militares, la extiende, de un modo velado, para los grupos económicos beneficiados con el ejercicio de la represión. Al igual que en Alemania, donde los Krupp y los Degussa, fabricantes del gas Zyklon B utilizado en Auschwitz, permanecen impunes, los Martínez de Hoz, Patiño, Ford , Mercedes Benz, impulsores de dictaduras en la región, siguen indemnes.
Por todo ello:
Exigimos el enjuiciamiento para los violadores de los derechos civiles y políticos, junto a sus cómplices e instigadores, los violadores de los derechos económicos, sociales y culturales, atacados en toda la región a lo largo de estas últimas décadas.
Denunciamos, asimismo, las burdas acusaciones por presuntos “delitos” contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas de la región.
Impulsamos el procesamiento de quienes han violado los derechos humanos en forma directa, junto a quienes financiaron esa actividad, beneficiándose de ella. Los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial) tienen también alta responsabilidad en lo ocurrido, por lo que propiciamos la creación de una Corte Penal Económica, que lleve a juicio a los responsables de estos también crímenes contra la humanidad.
Condenamos enérgicamente toda forma de represión de la protesta social y del disenso. Nos manifestamos contra toda forma de cercenamiento de la libertad de expresión, incluida toda forma de reglamentación de la misma, destinada a coartarla, pretendiendo relegarla a lugares o tiempos determinados.
Responsabilizamos al FMI y al Banco Mundial de las políticas económicas y sociales implementadas en la región como la principal causa del malestar emergente en la protesta social, junto a la actitud represiva de los gobiernos que prohijan ese tipo de políticas.
