El Comité de Acción Jurídica (CAJ) llama a marchar el viernes 2 de julio de 2004 en repudio al asesinato del dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Martín Cisneros.
Cisneros fue asesinado por Juan Carlos Duarte, sindicado como informante y protegido de la Policía Federal. El asesinato del dirigente Martín Cisneros se inscribe en el cuadro de una campaña contra el movimiento de desocupados en Argentina, tendiente a criminalizar las manifestaciones de protestas sociales, en momentos en que esta forma de expresión ciudadana se agudiza. En los últimos días, en varias ciudades del país, hubo protestas contra la violencia policial y la omisión de las fuerzas de seguridad en proteger a los habitantes ante hechos delictivos. La creciente tensión se ha expresado desde el repudio hasta el apedreamiento y ocupación de comisarías.
Ante esta situación, el reciente llamado del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a resistir por la fuerza todo intento de repudio u ocupación de comisarías, lejos de ayudar a resolver la situación por las vías del diálogo, constituye un alarmante llamado a la represión directa del descontento popular.
Las admitidas declaraciones del representante del gobierno de los Estados Unidos, Roger Noriega, llamando a terminar con la protesta social en las calles, es no sólo un signo alarmante de una indebida injerencia, sino también de un inadmisible llamado a la represión abierta. Esto incluye no sólo al movimiento de desocupados (20 por ciento de la población económicamente activa) sino también de la clase media, como lo revela la masiva manifestación del pueblo de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, en protesta contra la Policía por la muerte de un joven, que fuera encabezada por el intendente (alcalde), el juez y el fiscal de esa ciudad.
El CAJ advierte que el asesinato de Cisneros, ejecutado con fría y previa determinación, en momentos en que se cumplía el segundo aniversario del asesinato de Kostecki y Santillán, también piqueteros, deja abierto un agudo interrogante sobre la existencia de posibles móviles políticos detrás de este crimen. A ello se suma el asesinato, en confusas circunstancias, del joven Diego Lucena, también él integrante, al igual que toda su familia de una agrupación piquetera.
A este cuadro se suman las denuncias efectuadas ante el CAJ de amenazas y agresiones por grupos aparentemente para-policiales, contra integrantes de organizaciones de desocupados.
La Corte Suprema de Justicia tiene actualmente a resolución el caso de Marina Schifrin, una maestra de Bariloche, cuya defensa ejerce el CAJ, condenada por un juez federal al haber participado de una manifestación de protesta en reclamo de mejoras para su sector. El CAJ ha exigido, en cumplimiento de la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino, se deje sin efecto esa condena, manifiestamente ilegal.
El CAJ considera que la situación en Argentina se encuentra en un punto culminante, de cuyo descenlace dependerá el afianzamiento de las libertades democráticas o la tendencia a criminalizar la protesa social no sólo por la vía de las tribunales, sino de la represión abierta o encubierta.
El CAJ llama al más amplio frente único de todas las organizaciones sociales y de los derechos humanos en defensa de las libertades. Exige al gobierno argentino el más inmediato esclareciemiento de los asesinatos de Cisneros y Lucena, así como la detención de todos sus responsables y el desmantelamiento de los grupos de tareas que, según todas las evidencias, han montado una campaña de amenazas e intimidación contra los protagonistas del descontento ciudadano.
En este contexto y sobre la base de estas consideraciones, llamamos a marchar el viernes 2 de julio de 2004 a las 15 Hs en Almirante Brown y Pérez Galdós, junto a las demás organizaciones convocantes por el repudio al asesinato de Martín Cisneros y por el pleno esclarecimiento y encarcelamiento de los responsables del asesinato de Kostecki y Santillán, aun impunes.
La impunidad del pasado es la impunidad del presente. Juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra la humanidad bajo la dictadura y sus continuadores actuales, enquistados en el aparato del Estado.
Buenos Aires, 30 de junio de 2004
Horacio Meguira - Horacio Ricardo González - Juan Carlos Capurro
