El Comité de Acción Jurídica (CAJ) se reunió en audiencia especial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Robert Goldman y Santiago Cantón. En representación del CAJ participaron Horacio González, Juan Carlos Capurro , Horacio Meguira y Darío Rodríguez Duch, abogado defensor de la docente Marina Schiffrin, recientemente condenada en Bariloche por un corte de ruta.
El CAJ planteó a la CIDH que existe un agravamiento de la situación argentina, desde que realizase su denuncia de criminalización de la protesta social en audiencia publica en marzo del año pasado, junto al CEJIL y el CELS. En la audiencia participó también este último organismo y la CORREPI.
El CAJ destacó el agravamiento en cuatro aspectos:
1) La represión. (19 y 20 de diciembre y 26 de junio) a la que caracterizó como una política de Estado, destinada a considerar como "complot"toda manifestación popular , de "piqueteros", de vecinos o ahorristas.
Denunció, asimismo, la represión judicial en más de 3.000 procesados por este motivo, destacando dos defensas a su cargo (casos Alí y Marina Schiffrin) en las que se considera como "sedición" o "delito" toda protesta social .Informó que los fallos han sido apelados ante la Corte Suprema, con reserva de presentarse ante la Corte Interamericana, de mantenerse estos fallos antijurídicos.
2) La libertad sindical. Más de 2.000 asociaciones y sindicatos sin reconocimiento por parte del Estado, violando los Tratados Internacionales suscriptos por Argentina, discriminando-como respecto del movimiento de desocupados- quiénes son considerados «oficiales» y quiénes no.
3) Jubilados. Desde la denuncia del CAJ ante la CIDH, junto a CEJIL y CELS, del caso Menéndez y Caride, respecto de la violación del Estado argentino, del salario de los jubilados, se destacó el agravamiento -luego de la devaluación del peso- del ya misérrimo ingreso del sector, desamparado de salud y con peligro de sobrevida debido a estas condiciones.
4) La Corte. El CAJ planteó la remoción de todos sus miembros, sin excepción. En Argentina no hay Justicia, ni para los desocupados, ni para las víctimas, ni para los ahorristas, ni para los perseguidos.
