El CAJ, integrante de la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) , comunica que la Justicia de Jujuy ha respondido negativamente a los habeas corpus presentados, con el co-patrocinio del CAJ, por el paradero de Laura Borja, Inés Carpachi, Cesar Jerónimo, Estela Gómez, Pablo Gómez, Franco Hilario y Claudia Rodríguez.
Según lo informado por el juez Juárez Almaraz, ninguno de ellos estaría detenido oficialmente. Las familias de los mencionados sostienen, sin embargo, que concurrieron a la manifestación y desde entonces, hace ya una semana, no aparecen.
Se conjetura que, debido a la situación de terror generada por la feroz represión del viernes 20 próximo pasado, los siete estarían ocultos por temor a represalias. Pero esto no resulta confirmado por ninguna fuente, ni de las familias, ni de los allegados a los sectores que integraron la movilización reprimida por la policía de la provincia de Jujuy.
Por otra parte, ni el CAJ ni la FIDH, ni la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que se han dirigido directamente al gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, han recibido respuesta alguna del gobierno, en el sentido de asegurar que los desaparecidos no se encuentran bajo arresto oficial de las fuerzas a su cargo.
Ante esta situación, el CAJ emplaza al gobernador de Jujuy, Dr. Eduardo Fellner, a deslindar públicamente su responsabilidad con estas desapariciones.
Por otra parte, el CAJ denuncia que continúan detenidos 27 menores de edad, hace ya una semana, algo que esta prohibido por los Tratados Internacionales suscriptos por el Estado argentino, del cual Jujuy forma parte. Los menores debieron y deben ser puestos en inmediata libertad, con intervención del Ministerio Publico de Menores, como ordena la ley, restituyéndolos a sus familiares.
El CAJ denuncia , asimismo, que el resto de los 129 detenidos, siguen, hace ya una semana, sin que se les haya tomado declaración, y sin que se les impute, en forma legal, cargo alguno. Esto resulta violatorio de la Declaración Americana de Derechos Humanos, y por ende, del articulo 75 inciso 22 de la Constitución Argentina.
El CAJ exige la inmediata libertad de todos los detenidos, la restitución de los menores a sus familias y la aparición con vida y determinación del destino de los siete desaparecidos, ya que es el estado quien debe garantizar la integridad y seguridad de los habitantes, dando razón de su paradero.