El CAJ, organismo integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), comunica que, en el día de la fecha, se ha aclarado- parcialmente- la situación de los ciudadanos que figuraban como desaparecidos en Jujuy.
Los siete ciudadanos, cuyos «habeas corpus» fueron respondidos negativamente por la Justicia (comunicado CAJ 28/09/02), han vuelto a sus hogares. Según refieren fuentes confiables allegadas a los afectados, todos habrían sido objeto de detenciones y/o de persecución policial, bajo advertencia de no formular denuncia de lo ocurrido.
A estos hechos se le suma que la ciudadana Silvia Farfan, cuyo «habeas corpus» había sido respondido también negativamente (es decir que la Justicia alegó que no estaba detenida), acaba de aparecer como detenida oficialmente, alegándose un «error administrativo» como causal de la negativa a reconocerla oficialmente como tal, mientras se la buscaba como desaparecida.
El juez de la causa, Mario Juárez Almaraz, ha indagado, luego de diez días sin imputación alguna en su contra, a 90 de los 129 detenidos. Les imputa el delito previsto en el articulo 213 bis (asociación lícita para cometer ilícitos), una figura dictada bajo el lopezrreguismo (1975), absolutamente ilegal, pues acusa a los miembros de los sindicatos que protagonizaron una marcha de protesta al gobierno, como « delincuentes» previamente concertados para «robar». Este disparate jurídico nunca pudo ser aplicado en la Argentina, ya que los Tratados Internacionales prohiben este tipo de acusaciones, violatorias del pacto de San José de Costa Rica, que integra la Constitución Nacional (articulo 75, inciso 22).
De mantenerse esta acusación, los detenidos no podrán salir en libertad mientras dure el proceso. A esto se suma que el magistrado interviniente ha resuelto dividir a los acusados entre dirigentes y los que no lo son. A los primeros, el juzgado plantea objetivamente agravarles su situación procesal por el hecho de ser dirigentes, algo prohibido por la doctrina penal en todo el mundo. A ello se agrega que ha usado, según informan fuentes de la defensa, una lista previa provista por el gobierno, lo que implica una violación constitucional.
El CAJ denuncia esta situación, exige una investigación a fondo de lo ocurrido con los que estuvieron desaparecidos durante mas de una semana, así como una explicación del caso Farfan (cuya detención fue negada por la Justicia), así como repudia - por violar la Constitución y los Tratados Internacionales- el haber mantenido detenidos durante una semana a 33 menores de edad en la cárcel, sin cargo alguno, ordenando, recién hace unas horas, la libertad de todos ellos.
Por la Mesa Ejecutiva del CAJ
Horacio González - Horacio Meguira - Juan Carlos Capurro.
