«El FMI es el principal responsable de las violaciones
a los Derechos Humanos en Argentina»
Audiencia del CAJ ante la CIDH
El Comité de Acción Jurídica (CAJ) de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), fue recibido en audiencia especial hoy, viernes 18 de octubre de 2002, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la audiencia, el CAJ denunció al Fondo Monetario Internacional (FMI), por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ejecutadas a través de su política, por el Estado argentino.
La audiencia se realizó a las 11, hora local en la ciudad de Washington, con la presentación de un informe, firmado por los abogados Horacio González y Juan Carlos Capurro del CAJ, en la cual se denunció «el estado absoluto de impunidad existente en Argentina, cuyos responsables directos son los organismos internacionales con sede en Washington, entre ellos el FMI y el Banco Mundial». En representación del Estado argentino, estuvo presente el secretario de Derechos Humanos, Dr. Oscar Fappiano.
La representación del CAJ acusó «la existencia de una Corte Suprema que no aplica la Constitución y los Tratados Internacionales, que convalida el punto final y la obediencia debida, las jubilaciones de miseria, millones de desocupados, detenciones arbitrarias y asesinatos de manifestantes , resultantes -señaló el CAJ- de una política de Estado diseñada fuera de la Argentina».
De conformidad con las leyes internacionales, el CAJ solicitó a la CIDH, se realice una misión especial al país, similar a la efectuada en 1979, para determinar las responsabilidades del Estado y los organismos internacionales en la violación de los derechos económicos y sociales, así como el creciente estado represivo.
El CAJ denunció el reciente caso de detenciones clandestinas investigadas en la provincia de Jujuy, así como la existencia de más de 3 mil procesados por la protesta social. Destacó, en este sentido, las arbitrarias detenciones por más de un año y medio, de los dirigentes de jubilados y desocupados, Raúl Castells y Emilio Alí, que debieron ser absueltos al comprobarse la falsedad de los cargos en su contra. Explicó a la CIDH, que los asesinatos de participantes de diversas protestas (Kostecky, Santillán, Verón, Rodríguez, Choque, Puente Corrientes) siguen impunes.
Denunció especialmente el caso de la docente Marina Schiffin, condenada por realizar una manifestación en defensa de la Educación Pública en la ciudad de Bariloche, y cuya apelación ante la Corte ha sido denegada por los jueces Bisordi y Catucci, violando el pacto de San José de Costa Rica.
Al formular el descargo del Estado argentino, el Dr. Oscar Fappiano, señaló que las estadísticas indican un mejoramiento en la situación de los derechos humanos en el país, atento al bajo número de incidentes producidos en relación al creciente número de protestas populares.
El CAJ expuso durante más de dos horas ante la CIDH, en una audiencia en la que participó conjuntamente con el CELS, en el marco de la denuncia por la criminalización de la protesta social formulada junto a la CTA, en marzo de 2002.
El CAJ acordó con la CIDH acompañar, en el transcurso de la semana próxima, una serie de elementos probatorios, solicitados por los miembros de la Comisión, a efectos de resolver ante la denuncia planteada.
