El CAJ considera la reciente concesión de la extradición a la Argentina, por parte del Estado español, del ex-miembro del batallón de Inteligencia 601, Claudio Scagliuzzi, como un triunfo en la lucha contra la impunidad.
Scagliuzzi actuó como personal civil de Inteligencia del ejército, desempeñándose en el batallón 601, organismo comprobadamente responsable del secuestro, tortura y desaparición de miles de argentinos.
La medida del Estado español pone en cuestionamiento la falta de reciprocidad del Estado argentino, que -bajo todos los gobiernos de 1983 a la fecha- se ha negado a cumplir con los Tratados Internacionales que lo obligan a conceder la extradición de acusados de crímenes contra la humanidad, o en su defecto, juzgarlos en el territorio nacional.
La medida se produce en momentos en que se encuentra próximo a iniciar el juzgamiento de los crímenes de la ultima dictadura militar, ante la justicia española. La causa, fue denunciada ante el juzgado de Baltazar Garzón, entre otros, por el CAJ, patrocinando a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Con esta resolución del Estado español, la única extradición de acusados por los crímenes de la última dictadura que permanece pendiente, es la del integrante de la ESMA, Miguel Angel Cavallo. El Estado español también ha reclamado su extradición desde México, donde permanece detenido desde hace mas de dos años.
El CAJ alerta sobre la existencia de una negativa de la Fiscalía Nacional de España, a impulsar esa extradición, hecho utilizado por la defensa de Cavallo para reclamar su libertad.
El CAJ ha presentado desde la Federación Internacional de Derechos Humanos, un reclamo al presidente de México, Vicente Fox, para que se conceda inmediatamente, la extradición de Cavallo.
El CAJ considera que el principio de la jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad, constituye una herramienta decisiva en la lucha contra la impunidad basada en la «razón de Estado».
