El Comité de Acción Jurídica (CAJ) presentó hoy, lunes 28 de julio, un «Amicus Curiae» ante el juez federal Adolfo Canicoba Corral, a cargo de los pedidos de extradición cursados por el juez español Baltasar Garzón.
El mismo fue patrocinado junto a abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociacion de Ex Detenidos Desaparecidos, de Argentina.
El CAJ, integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se entrevistó posteriormente con el juez Canicoba Corral, en una reunión junto a afectados de la represión( Ex Detenidos-Desaparecidos, HIJOS) de la que tambien participó el premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Los entrevistados coincidimos en poner de manifiesto nuestra decisión de arbitrar todos los recursos legales correspondientes, a efectos de garantizar el debido trámite de extradición.
El CAJ, representado por su presidente Juan Carlos Capurro, dijo al magistrado que de acuerdo al tratado de extradición con España, los 28 militares detenidos deben permanecer en prisión durante los trámites. El tratado establece que «el juez podrá mantenerlos detenidos». Esta potestad, sostuvo el CAJ, sólo puede ser procedente en casos excarcelables, pero no en esta causa, en la cual se investiga la comisión de crímenes contra la humanidad.
El CAJ alerta sobre la pretensión de los acusados de estos graves crímenes, de presionar por su indebida libertad. Hace escasos dias, un tribunal de apelación de Formosa ( mil kilómetros de Buenos Aires) dejo en libertad a doce militares acusados de asesinato de prisioneros durante la ultima dictadura.
El CAJ caracteriza que este tipo de resoluciones, incumplen los Tratados Internacionales suscriptos por Argentina, en particular la Convención contra la Tortura.
El gobierno argentino, recientemente asumido, ha manifestado una posición contraria a la impunidad, sostenida por las leyes de perdón de Alfonsín (obediencia debida, punto final) y los indultos de Menem. Esta posición sólo pasará de las palabras a los hechos, una vez que se declare de nulidad absoluta de estas leyes, permitiendo el enjuiciamiento pleno de los responsables de los crimenes contra la humanidad de la dictadura de Videla.
Caso contrario, deberán ser extraditados para su juzgamiento, en los países que los reclamen por sus crímenes.
