Informe preliminar de la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Francia y Derechos y Democracia (Canadá) realizada en Argentina; febrero/marzo 2002
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Derechos y Democracia realizaron entre los días 4 de febrero al 10 de Marzo de 2002 una misión internacional conjunta acerca de la situación de los derechos humanos en Argentina, tanto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos sociales y culturales. Dicha misión se realiza por el pedido y con la colaboración de las asociaciones de Derechos Humanos argentinas miembros de la FIDH: el Comité de Acción Jurídica (CAJ), la Liga Argentina de Derechos Humanos (LADH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La FIDH es la organización internacional no gubernamental de derechos humanos más antigua del mundo, compuesta por 114 organizaciones afiliadas en 86 países en el mundo y tiene como objetivo promover la aplicación de todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tal objetivo es compartido por Derechos y Democracia, organización canadiense con mandato internacional.
Los encargados de la realización de dicha misión son: Yasmine Shamsie, especialista canadiense en economía política y desarrollo, Claude Katz, Secretario-General de la FIDH, Luis Guillermo Pérez Casas, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia y secretario general adjunto de la FIDH y Pierre Salama, economista francés, el 6 o el 7 de marzo de 2001.
Queremos precisar que desde 1934 la FIDH afirma la indivisibilidad de los derechos económicos y sociales con los derechos civiles y políticos. La situación en la Argentina confirmó esta indivisibilidad: la situación económica y social afectó los derechos civiles y políticos.
La misión quiere resaltar que se realizaron pedidos formales y oficiales en tiempo suficiente a las autoridades gubernamentales, pero los únicos que respondieron afirmativamente fueron: el vice-jefe de gobierno Dr. Juan Pablo Cafiero y el secretario de trabajo Dr. Carlos Tomada. Particularmente desde la Secretaria Nacional de DDHH se nos contestó que el Secretario de DDHH no regresaba al país antes del 15 de marzo... La misión lamenta esta situación pero también considera que las numerosas citas con la sociedad civil, actores que tienen un papel esencial con la situación actual, permitió a la misión tener una visión muy completa de esta situación.
Se realizaron asimismo entrevistas con los siguientes sectores:
Parlamentarios: H.Roggero (PJ), L.Carrió (ARI), M. Bordenave (ARI), A. Bravo (PS), Echegaray (IU), Altamira (PO) , así como a integrantes de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, Secretaría de DDHH de la Cuidad de Bs. As. Lic. G. Alegre, de la provincia de Bs. As.J. Taiana.
Asociaciones: abogados de Bs.As. , Americana de juristas, de abogados laboralistas, entre otros.
La misión viajó, asimismo, a la Pcia. de Neuquén, donde constató la existencia de gran cantidad de procesos de criminalización social. Se reunió con el Tribunal Superior de Justicia ante el cual planteó la necesidad de aplicar los tratados internacionales suscriptos por Argentina, que impiden criminalizar la protesta social.
La misión va a realizar un informe que tendrá conclusiones y recomendaciones que se enviarán oportunamente a las organizaciones intergubernamentales donde la FIDH cuenta con un estatuto consultivo: Naciones Unidas, Consejo de Europa, UNESCO y también a organizaciones donde tenemos una representación permanente: OEA, OUA y UE.
Como informe preliminar la FIDH quiere expresar algunas constataciones:
La misión presenta estas conclusiones y recomendaciones preliminares desde la perspectiva de su mandato: la integralidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, así como los derechos colectivos y, de las obligaciones internacionales del Estado argentino frente a estos derechos, más específicamente, fuera de la Carta Internacional de los DDHH, los Convenios siguientes: Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos y pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales que Argentina ratificó el 8 de agosto de 1986.
La misión expresa su gran preocupación por la profunda crisis económica, social, política e institucional en que se debate la Argentina, el gran sufrimiento de la población y la velocidad de la degradación de la situación económica y social y de la pauperización creciente de la población argentina. Según las cifras oficiales existen 15.251.000 de pobres (febrero/2002) que podría alcanzar en mayo de 2002 la cifra de 17.167.000.
La misión destaca con inquietud la creciente fractura entre la población y sus instituciones representativas. La gobernabilidad se hace más frágil cuando los intereses nacionales de la población argentina quedan relegados ante la presión de los organismos financieros internacionales y los intereses económicos de las multinacionales.
La misión considera, en particular al F.M.I., al Banco Mundial y al B.I.D., que faciliten una moratoria del pago de la deuda externa y de su servicio con un aumento importante de los gastos sociales a causa del agravamiento de la pobreza; insistir en los ajustes estructurales que reducen el gasto social, puede conllevar a una explosión social de consecuencias impredecibles.
La misión considera que las bancas extranjeras que han invertido en la Argentina deberían asumir con sus casas matrices los costos de responder a las obligaciones financieras con los ahorristas.
La misión deplora que contando la Argentina con una de las cosechas en alimentos más grande de su historia, grandes sectores de la población padezcan hambre. Deplora igualmente el desabastecimiento de alimentos y medicinas en el mercado, por el interés inescrupuloso de sus propietarios de aspirar a mayores ganancias con la inflación.
La misión considera muy importante la puesta en marcha por parte del gobierno argentino de un programa real de seguridad alimentaria para la población más desprotegida.
La misión expresa su preocupación por la necesidad de que el gobierno argentino convoque a un diálogo amplio social y político, para que todos los sectores sociales, en particular las víctimas más numerosas de esta crisis, puedan participar verdaderamente de las decisiones consensuadas que se imponen para la superación de la misma.
La protesta social en el país no puede seguir siendo criminalizada, ello aumenta el deterioro de la credibilidad en la justicia y lesiona la institucionalidad democrática, ya afectada por la impunidad de la que se siguen beneficiando los que en el pasado cometieron crímenes graves que pueden calificarse como crímenes contra la humanidad.
La misión resalta que por la violenta e injustificada represión del pasado diciembre que ocasionaron en el país más de treinta muertos, centenares de heridos y detenidos, se estén adelantando investigaciones judiciales que comprometerían la responsabilidad penal de altos ex – funcionarios del Estado, incluido el ex - presidente de la república Dr. F. De la Rúa y espera que dichos procesos culminen sin otra presión que la que se desprende de la ley y la Constitución.
La misión constata que los cuerpos de seguridad del Estado cuentan con poca legitimidad entre la población y llama a una depuración profunda de los mismos. Igualmente destaca la necesidad de que se cree cuanto antes una policía judicial.
La misión frente a los crecientes reclamos de renuncia a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, espera que se proceda con los controles políticos constitucionales que se corresponden en su juzgamiento y, que dicho juicio se adelante de cara a la nación Argentina.
La misión expresa la necesidad de la libertad inmediata de Emilio Alí, símbolo de la criminalización de la protesta social y, manifiesta su preocupación de que sin haber cometido delito alguno se pretenda que se le indulte, ya que ello sería la demostración más palpable de la politización de los aparatos judiciales.
La misión confía en que las causas procesales abiertas por delitos económicos contra la población argentina, se extiendan a todos los responsables de la corrupción, pertenezcan al sector público o privado, nacional o transnacional.
La misión por último advierte que el control social no puede desarrollarse por la fuerza, la mejor seguridad democrática es la de un orden público que se asienten en la justicia social, el pleno respeto y goce de los derechos humanos; la nación argentina cuenta con riquezas naturales y humanas que lo hacen posible, necesitan sólo afirmar su soberanía económica y su democracia.
En conclusión, para volver al objetivo de la misión lo que constatamos prueba la relación directa y estrecha entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales. Hoy día en la Argentina, la protesta social afecta derechos económicos y sociales pero también civiles y políticos, por ejemplo, si hay un pedido para un cambio total de la Corte Suprema es porque la población considera esta institución no ha tomado las medidas necesarias para no llegar a la crisis actual. También eso explica la desconfianza de los ciudadanos que argentinos en todas sus instituciones. Refundar la nación, reflexionar sobre las instituciones, aparecen como una necesidad imperiosa para muchos argentinos para evitar las consecuencias actuales. En este sentido, existe un pedido ciudadano para un mejor control sobre las instituciones, de tal manera que pudiese evitar el fenómeno de corrupción o decisiones graves como la privatización en gran escala que generó la crisis. El pedido de reforma de la justicia se explica, no solamente por la impunidad a nivel de los derechos civiles y políticos sino también por los derechos económicos y sociales. La criminalización y judicialización de la protesta social demuestra, igualmente, las relaciones entre los varios tipos de derecho, y la cuestión es la siguiente: qué tipo de medidas tiene que tomar una democracia para enfrentar una crisis tan profunda que afecta a la Argentina. Cómo enfrentar y resolver la crisis y permanecer como democracia y evitar caer en un régimen autoritario.
La misión espera que la salida de la crisis va a permitir a la Argentina consolidar la democracia y no debilitarla. Un déficit económico no debe justificar un déficit de democracia.
