Efectivamente, no es cierto que la justicia no haya actuado en este sentido: por lo menos ya hay tres procesados. El problema es que son trabajadores, y además, organizados.
¿Cómo es ésto? Como se lee. Tras las jornadas de protesta del 19 y 20 de diciembre de 2001, y la violenta represión policial que el entonces Gobierno Nacional desató en consecuencia –que sólo en la Ciudad de Buenos Aires le costó la vida al menos a cinco personas–, el Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (S.I.Me.Ca) organizó un acto en memoria de los caídos, entre los cuales había dos mensajeros.
Fue la tarde del 21 de diciembre de 2001, De La Rúa ya había renunciado –aunque formalmente seguía siendo Presidente-, y el Estado de Sitio había sido levantado. Sin embargo, la Policía Federal Argentina no consideró pertinente la realización del acto.
Así fue como, con la misma impunidad que en la víspera y con absoluta alevosía, un automóvil de civil arremetió contra la columna que se estaba concentrando en el obelisco para marchar hacia el Congreso Nacional, persiguiendo luego -junto con algunas motocicletas de la policía- a parte de la columna que se desconcentraba por Diagonal Norte en dirección a la Plaza de Mayo.
Uno de ellos, que además llevaba atrás a una compañera, al ser alcanzado por una moto de la Policía, fue derribado con un "itakazo".
Ambos fueron trasladados al Hospital Argerich por las lesiones, pero luego de las curaciones de rigor, no pudieron marcharse: uno de ellos debía escuchar la "lectura de sus derechos", ya que se le imputaba el delito de "daño agravado" (concretamente el daño del parabrisas de un "Eco-móvil" policial).
En ese mismo momento, otros dos militantes de SIMeCa estaban detenidos en la Comisaría 4ª, acusados de "atentado y resistencia contra la autoridad".
Con una desacostumbrada celeridad, en las actuaciones en trámite ante el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 30, a cargo del Dr. Luis Yrimia, inmediatamente se los citó a declaración indagatoria, y a pedido del Fiscal Marcelo Munilla Lacasa, ya se encuentran procesados y con pedido de elevación a juicio.
Uno de los ejes más importantes de la defensa es la incompetencia del Juzgado actuante, en tanto se trata de la continuación de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, y en el marco de un acto justamente en su repudio.
Es más, los mismos policías denunciantes están denunciados por estos mismos hechos ante el Juzgado Federal en lo Criminal Nº 1, a cargo de la Jueza Servivi de Cubría, que investiga la represión del 19 y 20 de diciembre.
Incluso la Fiscalía Federal Nº 5 -a cargo de los Dres. Evers y Comparatore, en quienes la Jueza derivó parte de la investigación- aceptó su competencia, dándose entonces la paradoja de que los que aquí denuncian que les rompieron un parabrisas son allí denunciados por lesiones graves en el marco de esta represión. Es decir, que el mismo hecho se investiga en dos expedientes y juzgados distintos.
Sin embargo, no sólo fue rápidamente rechazado el planteo de incompetencia, sino que además la "instrucción" avanza y el fiscal ya solicitó la elevación a juicio, contando como única evidencia, con el testimonio de un sólo agente de policía.
Ello fue también suficiente para la Sala VII de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que confirmó los procesamientos y rechazó todo tipo de recursos presentados.
Claro, a la luz de nuevos acontecimientos, resulta totalmente entendible: esta misma Sala VII es la que dispuso el desalojo de las obreras de la fábrica textil Brukman, que justamente un 18 de diciembre de 2001 -tres días antes de la represión denunciada- habían recuperado la empresa abandonada por el patrón, y desde entonces había vuelto a producir.
En fin, lo cierto es que no resulta extraño prever que no obstante la oposición de la defensa, el proceso contra los trabajadores y militantes de SIMeCa culminará en juicio oral.
Se han presentado los recursos necesarios para que ello no ocurra, pero las características del caso nos hacen preverlo así.
Estamos entonces ante un caso más de criminalización de la protesta social, situación que debe ser resuelta , definitivamente, por el poder político.
