C.A.J. - Comité de Acción Jurídica

Si las movilizaciones de las Madres de la Plaza de Mayo despertaron la conciencia universal sobre los horrores cometidos durante la dictadura militar, el «argentinazo» del 19 y 20 de diciembre de 2001 mostró al mundo el fracaso de las recetas más extremas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre uno de los alumnos más aplicados. El detonante de este estallido social puede encontrarse en el «Corralito» y en la Ley de Déficit Cero aprobada en julio de 2001, pero el ajuste estructural y la descapitalización del Estado venía ya de una década atrás.

La precarización de los derechos sociales se ha caracterizado en Argentina por un proceso de concentración de la riqueza en pocas manos y, en consecuencia por un aumento creciente de los índices de pobreza y de indigencia.

Argentina se encuentra entre los primeros 15 países del mundo que tiene la peor distribución de la riqueza y encabeza la tabla con la peor desigualdad social entre los países de economías con niveles de vida relativamente altos.

El 20 por ciento de la población más rica que en 1974 ganaba 7.8 veces más que el veinte por ciento más pobre, ahora percibe 14.6 veces más. Solo en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires según estadísticas oficiales del 2001 se registra un índice de pobreza del 32.7 por ciento y de indigencia del 10.3 por ciento. Según el Ministerio de Trabajo el 41.1 por ciento de los asalariados (3.744.497 personas) trabaja en la clandestinidad, fuera del sistema de seguridad social. La tasa de desempleo reconocida para agosto del 2001 alcanzaba ya el 18.3 por ciento, mientras que el subempleo ascendía al 16.3 por ciento.

El Estado de bienestar fue desmantelado progresivamente, privatizando los servicios sociales, desregulando las relaciones laborales y reduciendo el ingreso de los trabajadores al mismo tiempo que el desempleo ha crecido aceleradamente. En el mes de julio de 2001 se sancionó la Ley 25453, llamada «Ley de Equilibrio Fiscal», conocida públicamente como «Ley de Déficit Cero», autorizando la reducción de los salarios de los empleados estatales y los derechos de los jubilados en función del resultado de la recaudación fiscal. En octubre de 2001 no se ejecutaron las partidas comprometidas para programas alimentarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente que beneficiaban a 2 millones y medio de personas, sometiendo a los sectores más débiles de la sociedad a una mayor desprotección.
Las medidas draconianas contra la población han alimentado una reacción social cada vez más importante, liderada por los desocupados y sindicalizados.
Los déficits de ciudadanía de la democracia argentina se expresaron a lo largo de la década del noventa a través de protestas sociales, que se manifestaron en particular a través de los cortes de ruta.
En junio de 1996 se inauguró, con la «pueblada» de Cultral-Có un largo período de manifestaciones que tendrían como método la instalación de barricadas en las principales rutas del país. El término piquetero adquirió un contenido socio-político como nuevo sujeto social.
«En 1997 hubo 104 cortes de ruta en todo el país y esta práctica fue incrementándose durante los años siguientes. En 1998, fue cortada una ruta por semana. En 1999 una cada día y medio y en 2000 hubo al menos un corte diario. En 2001, el promedio fue de entre 4 y 5 cortes por día. Esta transformación de la protesta en Argentina mostró en general que las clásicas movilizaciones de grandes organizaciones sindicales habían sido reemplazadas y que los reclamos sociales eran distintos a aquellos vinculados a la tradicional relación de trabajo. El descontento popular frente al desempleo y la recesión gestaron sus propias performances».
El Comité de Acción Jurídica, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el CELS denunciaron en marzo de 2001 en el marco de una audiencia de carácter general ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sistemática criminalización de protestas y movilizaciones sociales y la represión física de los manifestantes a través del accionar de las Fuerzas de Seguridad como la policía y la gendarmería. En el momento de la denuncia se estableció que más de 2800 personas estaban sujetos a un proceso penal debido a su intervención en las manifestaciones y protestas.

La pueblada de Santiago

El surgimiento del movimiento piquetero tiene sus antecedentes en una larga tradición de resistencia civil del pueblo argentino que se expresó ya en las acciones anarquistas del comienzo del siglo veinte con la Semana Roja de 1909, la semana trágica de 1919 y de la Patagonia rebelde hasta el Cordobazo de 1969 contra la dictadura, en los que el activismo obrero jugó un rol fundamental. En diciembre de 1993 se produjo en la provincia de Santiago, la primera pueblada de envergadura de la década que demolió todas las sedes de las instituciones del poder: la casa de gobierno, la legislatura, el poder judicial e incluso fueron atacadas las mansiones de los políticos tradicionales.
El «Santiagueñazo combinó la huelga general, la acción callejera, la ocupación de edificios y las asambleas populares. El «Santiagueñazo» se quiso impedir con la represión de la gendarmería y la acción judicial, pero lo único que logró fue que las puebladas se extendieran al interior de la provincia.

El primer Cultralcazo en la provincia de Neuquén
En junio de 1996, la ruta 22 fue cortada por los piqueteros de Cultral Co y Plaza Huincul, luego de un proceso que comenzó en febrero del mismo año con la movilización de 4200 trabajadores estatales que protestaban contra el recorte de sus garantías laborales. En la segunda quincena de abril 5000, trabajadores cortaron las rutas por unas horas para reclamar la derogación de los decretos de rebaja salarial. Se había creado ya la Coordinadora de los Desocupados que movilizaría las asambleas barriales. El 24 de mayo de 1996, se desarrolló el primer congreso de desocupados de Neuquén. Los dirigentes populares, Panario y Christiansen ya habían sido detenidos y el reclamo de su libertad se convirtió en exigencia central.

En Cultral- Co y Plaza Huincul, el corte de ruta duró más de una semana y en éste participaron más de 5000 piqueteros, el pueblo enfrentó la represión de la gendarmería y el gobernador tuvo que presentarse en las barricadas para negociar. El pueblo obtuvo la reconexión de la luz y del gas a los desocupados, el otorgamiento de centenares de subsidios a desempleados, la realización de urgentes obras públicas; se estableció además que el yacimiento de gas del Mangrullo fuera explotado por el Estado, quedando el producido para las dos ciudades (lo que garantizaba un ingreso anual de 20 millones de dólares). El gobierno además se comprometió a que no se aplicaría ningún tipo de sanción penal a los protagonistas de la pueblada. Este punto del acuerdo como muchos otros no fue respetado, el piquetero Basilio Estrada fue detenido y procesado y se lanzó una escalada represiva contra los desempleados de Cultral- Co.
Sin embargo, los cortes y movilizaciones de extendieron por toda la provincia y en diciembre de dicho año, Panario, Christansen y Estrada fueron liberados.
El segundo Cutralcazo y la muerte de Teresa Rodríguez

Ante el incumplimiento de lo pactado en el primer Cutralcazo, en marzo de 1997 se produjo la pueblada de Rincón de los Sauces, en la que se cortaron los accesos a los yacimientos de YPF y se tomaron el aeropuerto local, de nuevo una huelga docente con gran apoyo de la comunidad y de los estudiantes, alimentó la rebeldía popular. El 24 de marzo de 1997, aniversario del golpe militar, un paro general en la provincia, respaldó la marcha de más de diez mil docentes, estudiantes, padres y vecinos, que culminó con la ocupación de los puentes que unen Neuquén y Río Negro. La provincia se paralizó por completo. Dos días después la gendarmería recuperó los puentes, no sin resistencia, de la población contra la que se utilizaron gases. El 9 de abril se convocó una nueva jornada de movilización que ocupó las rutas, en Cultral Co y Plaza Huincul se levantaron barricadas. Tres días después la gendarmería logró desalojar las rutas, pero al perseguir a los piqueteros dentro de la ciudad, provocó la rebelión del pueblo. Más de quince mil personas se enfrentaron a los gendarmes y a la policía provincial. Pero la represión cobró la vida de Teresa Rodríguez y decenas de personas fueron heridas y decenas fueron arrestadas. Un acuerdo de 19 puntos puso fin a las huelgas y a los cortes de ruta, la mayoría de los cuales tampoco se cumplió.

Neuquén se destaca por… la represión

Al menos una cuarta parte de todos los casos de criminalización de la protesta social en Argentina se adelanta en la provincia de Neuquén. El gobierno provincial ha presionado a las autoridades judiciales para llevar ante los tribunales penales todo conflicto o protesta social como lucha gremial, estudiantil, vecinal etc…La judicialización de los conflictos se ejerce como una herramienta de control social para desarticular las luchas populares.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en su visita a Neuquén, recibió denuncias sobre centenares de procesos penales abiertos contra dirigentes populares. Algunos de ellos con más de diez procesos abiertos en su contra. El gobernador de la provincia, sus principales ministros y los diputados del partido gobernante, realizaron presiones públicas a través de declaraciones permanentes a los medios de comunicación sobre la justicia penal exigiendo se agilicen las causas contra los dirigentes procesados. En la propia sede de la Jefatura Policial se convocó una reunión extraordinaria en la que participaron jueces de instrucción, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Ministro de Gobierno para establecer cómo prevenir los cortes de ruta y cómo reprimirlos si se producen.

Absolución de Panario y condena de la protesta social

La mañana del lunes 2 de octubre de 1995, un grupo de hombres, mujeres y niños de una coordinadora de desocupados cuya cara visible era Horacio Panario, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), ocupó la Casa de Gobierno y la policía procedió violentamente a su desalojo. Al caer la tarde, el juez penal Roberto Abelleira ordenó la detención de los organizadores de la protesta y los acusó de coacción agravada, una figura que mantuvo en prisión durante más de un año a Panario y a Basilio Estrada. Alcides Christiansen, también del MAS, se entregó a los pocos meses. Héctor Etchebáster, Jorge Chiguay, Verónica Barriga y Juan Sandoval fueron procesados, pero no pudieron ser detenidos. Al iniciarse el proceso en la cámara primera, los imputados recuperaron la libertad por un cambio de carátula de la causa.

El testimonio de Jorge Sapag, ex ministro de la cartera política del gobernador Sobisch, durante los hechos, fue decisivo. Dijo que ese lunes no se sintió amenazado y que los destrozos fueron el resultado de una bronca espontánea de la gente. Sobre la base de este testimonio, el fiscal Jorge Otegui pidió la absolución de los tres procesados, que el 25 de noviembre de 1997 recibieron un fallo favorable de parte de la cámara integrada por Cecilia Luzuriaga, Jorge Somariva y Alberto Fernández. Sin embargo, de manera irregular, la absolución de Panario y de los otros siete líderes procesados, fue contestada públicamente por el Presidente del Tribunal de Justicia, Marcelo Otharán, quien consideró que la absolución constituía una garantía de impunidad que alentaría posteriores protestas violentas, aseguró asimismo, que «es la policía la que debe prevenir los cortes de ruta y en los juzgados tiene que empezar a haber sentencias», desconociendo las causas que motivan las protestas, entre ellos, graves casos de corrupción que no son judicializados, el magistrado agregó: «Alguna vez se ha dicho que un estado de necesidad borra la antijuricidad de una conducta, pero a mi no me convence y abrimos un sendero peligroso».

La pueblada de Tierra de Fuego y la muerte de Víctor Choque
Luego del cierre de dos importantes plantas industriales en la provincia de Tierra del Fuego, a mediados de 1997, los obreros licenciados ocuparon una de las plantas, al tiempo que la población se movilizaba para manifestar su solidaridad; la policía desalojó violentamente la planta industrial y 20 personas fueron arrestadas. En protesta por ello, al día siguiente la movilización se hizo más numerosa y las autoridades ordenaron reprimir la manifestación. En esas circunstancias, Víctor Choque fue asesinado por disparos de la fuerza pública, nueve policías fueron procesados y uno de ellos condenado.
El levantamiento de Tartagal-Mosconi
En la provincia del Norte de Salta, en mayo de 1997, se produjo la Pueblada de Tartagal, en la que se sumaron a los reclamos de los desocupados, las reivindicaciones de los pueblos aborígenes. El levantamiento popular se extendió en todo el Norte de Salta: Tartagal, Mosconi, Aguaray y Cornejo.
En Salta, los antecedentes de la lucha social se desarrollaron en la resistencia obrera contra la privatización de YPF y el cierre de la destilería. En una asamblea popular en Mosconi en septiembre de 1991, en la que participaron más de 4 mil personas, se votó por el corte de las rutas. En 1994 estalló una pueblada en General Güemes, que cortó la ruta 34, como consecuencia de la desocupación que superaba el 50% ante el levantamiento del Ferrocarril Belgrano, el cierre de sus talleres y los cierres de la Cementera Minetti y del Ingenio San Isidro. En movimiento fue reprimido y la ira popular aumentó en proporción mayor a la represión, al final las autoridades tuvieron que negociar.
En 1997, la movilización en Tartagal y en General Mosconi comenzó en enero para exigir la libertad de los dirigentes de la Unión de Trabajadores Desocupados. La presión popular obligó a la liberación de los detenidos. En mayo, los trabajadores reunidos en asamblea popular votaron un plan de lucha que incluía los cortes de ruta, que se extendieron por todo el departamento de San Martín, más de cien piquetes controlaban todos los accesos.
En el programa votado por la asamblea popular se reclamaba un subsidio para los desempleados, un fondo de reparación histórica que deberían pagar las empresas gasíferas y de petróleo de la región y el abastecimiento de alimentos, entre 36 puntos de reclamos multisectoriales.
La asamblea popular el 14 de mayo, levantó el corte de ruta luego de que el gobierno se comprometiera a otorgar 1000 fondos de desempleo por un año, 2.200 puestos del «Plan Trabajar» también por un año, 1000 puestos más por seis meses y 800 vacantes en petroleras privadas y a no tomar ningún tipo de represalias sobre los trabajadores.
En mayo de 2000, estalló una nueva poblada en el Norte de Salta, abarcando Mosconi, Tartagal, Aguaray y Pocitos, como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos de sucesivos cortes de ruta. Ante la negativa del Gobierno a acceder a las demandas de los pobladores, en la madrugada del 13 de mayo, la Gendarmería reprimió violentamente a los piqueteros, hirió a cuarenta personas y detuvo varias decenas. Quisieron escarmentar al pueblo a través de la "violencia institucional», pero la población reaccionó con más fuerza y se volvieron a tomar las rutas. El gobierno reconoció entonces, las demandas que antes rechazaba, comprometiéndose a entregar 3000 «Planes Trabajar».
De nuevo ante el incumplimiento de este último acuerdo, en noviembre el pueblo se volvió a movilizar cortando la ruta 34, durante más de diez días.

La pueblada de Jujuy, mayo de 1997
En mayo de 1997, los zafreros (trabajadores de la caña de azucar) desempleados comenzaron el corte de la ruta 34 en Jujuy. La represión de la gendarmería dejó 50 heridos, la mayor parte, mujeres y niños, lo que ocasionó que la protesta popular se extendiera por toda la provincia en el curso de una semana : Perico, Palpalá, San Pedro, La Quiaca, La Mendieta, Abra Pampa; al tiempo que el Frente de Gremios Estatales declaraba la huelga general.
Los cortes de ruta se multiplicaron y el gobernador se abstuvo de utilizar más la gendarmería para no «terminar incendiando la provincia», pero el gobierno ofrecía a los desempleados solamente 2.400 puestos de trabajo, cuando en una sola de las localidades en conflicto, San Pedro, se solicitaban 4.000 empleos. Finalmente, el gobierno se comprometió a entregar 12.579 planes. En el acta de acuerdo los piqueteros, sin embargo, dejaron sentada su inconformidad y transformaron los piquetes en ollas populares.

Los cortes de puentes en Corrientes y la brutalidad de la represión
El día 17 de diciembre de 1999, siendo las 2 de la mañana, el Comandante Ricardo Chiappe de la Gendarmería Nacional, dió la orden de atacar por agua y tierra a los ciudadanos que manifestaban pacíficamente en el Puente Gral. Belgrano -Chaco, Corrientes-. En el puente, varios centenares de ciudadanos acompañados por sus hijos y personas ancianas, desarmados y totalmente inermes fueron agredidos por varios centenares de gendarmes, que los golpearon brutalmente, los gasearon con químicos que producían asfixia y los balearon.
La Gendarmería también atacó los barrios adyacentes disparando y gaseando sobre las propias casas del vecindario, allanando muchas moradas, inclusive después de que se conociese que dos personas habían sido ya muertas en los operativos (Francisco Escobar y Mauro Cesar Ojeda). Los testimonios dan cuenta de que la Gendarmería abrió fuego sobre la multitud, reiteradamente. El propio Comandante Chiappe, reconoció ser responsable: «Era cuestión de 10 minutos para que todo se desbandase y no podía esperar la orden de actuar. No había tiempo para el papeleo burocrático».

La represión en la provincia de Salta
En Salta, igualmente desde 1997, los cortes de ruta se han convertido en la expresión más regular de reclamo de la población marginada, reprimidos igualmente, de manera violenta. En el 2000 el conflicto social cobró intensidad: en la madrugada del 13 de mayo, la Gendarmería Nacional reprimió violentamente a los piqueteros, hiriendo a cuarenta personas y deteniendo a varias decenas más. Pero la población al día siguiente, cortó de nuevo las rutas y el gobierno terminó reconociendo las demandas que antes rechazaba.
Como los acuerdos fueron incumplidos y los piqueteros se tomaron la ruta 34 durante más de diez días, el 10 de noviembre de 2000 la represión cobró la vida de Aníbal Verón, con un disparo de arma de fuego, numerosos testigos señalan a la policía de haber disparado. El gobierno de nuevo se comprometió a entregar 400 planes de empleo y realizar obras públicas.
En junio de 2001, estalló de nuevo la provincia. La ruta 34 fue nuevamente cortada, de nuevo se reclamó el cumplimiento de los planes de empleo, un aumento en la participación de las regalías petroleras, la construcción de un acueducto desde Rioseco, entre otros reclamos. El corte de la ruta se mantuvo durante 19 días, el 17 de junio la Gendarmería procedió a reprimir violentamente a los manifestantes, dejando dos muertos, Carlos Santillán de 27 años de edad, y José Oscar Barrios de 17 años, 12 heridos, 27 detenidos y numerosas órdenes de captura contra los líderes de la protesta.
La Gendarmería manifestó que procedió por orden del Juez Federal de Salta, Abel Cornejo y así lo ratificó el Ministerio del Interior y de la Secretaría de Seguridad, sin embargo, el propio Juez manifestó que su actuación se había limitado a enviar una pequeña patrulla de gendarmes para intimar a los piqueteros con el objeto de que no tomaran un depósito de combustibles ubicado junto a la ruta 73.
El Secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, que luego será procesado por los hechos de diciembre de 2001, justificó la represión y el uso de armas de fuego por parte de la Gendarmería, como reacción a una «emboscada» de un grupo de piqueteros que se habría escondido en el monte lindero a la ruta, declarando que se trataba de «francotiradores».
La Gendarmería se vió alentada para continuar la persecución allanando moradas sin orden judicial, atacando incluso con gases y balas de goma a un grupo de mujeres que había salido en procesión religiosa con la Virgen de Fátima. El 20 de junio de 2001, la población concentró su protesta en la plaza de Mosconi. La gendarmería se tomó la población por unas horas, pero eso motivó a que los habitantes que no participaban en las manifestaciones salieran también a las calles, y la Gendarmería tuvo que replegarse nuevamente.

Buenos Aires, de punteros o manzaneras a piqueteros
El desarrollo de las organizaciones de desocupados en Buenos Aires, ha sido paralelo a la pérdida de bases sociales del peronismo, mantenidas en el Partido Justicialista a través de los «punteros» o «manzaneras» que aseguraban el aparato asistencialista del hoy presidente Duhalde. A través de alimentos o «planes empleo» obligaban a la gente a afiliarse al P.J., a participar en sus manifestaciones y a votar. Sobre la miseria se había construido un capital político que empezó a resquebrajarse ante la incapacidad de resolver los reclamos de las barriadas de Buenos Aires.
En julio de 1997, un movimiento de desocupados en La Matanza cortó la ruta 3, el corte duró tres días y movilizó a más de mil desocupados, al final consiguieron 60 «planes», lo que les permitió proyectar de mejor manera sus luchas. En el mismo ‘97, surgió el Movimiento de Trabajadores Desocupados en la Zona Sur, con el primer corte de ruta consiguieron 50 «planes», con el segundo 1000 planes, pero el gobierno se dio cuenta que reprimir era la mejor manera de impedir el masivo desarrollo de las organizaciones de desocupados. El corte «navideño» de 1997, que duró 13 días, se saldó con una agresión policial que dejó decenas de detenidos y de heridos. De este proceso surgió el Movimiento «Teresa Rodríguez» -MTR-, que alimentaría las asambleas piqueteras y la consigna «Fuera de la Rúa Cavallo», 60 de sus integrantes fueron detenidos en julio de 2001 en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, que habían ocupado para solicitar empleo.
En la misma Ciudad de Buenos Aires, un movimiento de trabajadores había sido reprimido utilizando también armas de fuego, el 19 de abril, resultando 30 manifestantes heridos, entre ellos cuatro por armas de fuego. Protestaban los sindicatos afiliados al Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) frente al Congreso Nacional contra una ley aprobada que afectaba los derechos laborales. Por la desmedida represión policial fueron procesados 14 agentes, interesante destacar las palabras del juez de la causa, Gabriel Cavallo, quien sostuvo que no podía concluir su pronunciamiento sin referirse «de forma personal a los hechos que consternaron a la sociedad argentina en la madrugada del 19 de abril». Como sabemos, la gente que se congregó en la plaza lo hizo en pleno ejercicio del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, y básicamente en demanda de mejores condiciones de empleo, derecho este también protegido constitucionalmente. Dicha manifestación tuvo lugar en la Argentina, en el marco de la plena vigencia del Estado de Derecho y seguramente como una clara expresión del sistema democrático… La paradoja es, a mi juicio, muy clara: mientras en un lado de la plaza se reclamaban reformas políticas y estructurales que pudiesen aportar una solución de fondo al desempleo, cuya causa se encuentra muy ligada al aumento de la inseguridad en la sociedad, por el otro se recurría al discurso que dio en llamarse de «mano dura», traducido en el aumento de las penas, más trabas procesales al derecho de permanecer en libertad durante el proceso y mayores facultades a las fuerzas de seguridad…

Raúl Castells y Emilio Alí perseguidos por luchar contra el hambre
En la Zona Sur del Gran Buenos Aires, se desarrolló desde 1993 el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados -MIJP- dirigido por Raúl Castells. Este movimiento inauguró la práctica de las movilizaciones en los supermercados para solicitar provisión de alimentos. La práctica consiste en visitar un supermercado, conversar con el responsable del mismo y reclamar un aporte en alimentos para los excluidos. Obtienen regularmente lo que reclaman sin violencia ni amenaza alguna. En agosto de 1997, el MIJP organizó una movilización de todos los centros de pensionados del Gran Buenos Aires, cortaron el Puente Puyrreydón durante unas horas y luego marcharon a la intendencia de Avellaneda, luego se movilizaron a un supermercado para reclamar alimentos, por este último hecho Castells fue procesado y detenido. Castells fue encarcelado tiempo después de sucedidos los hechos, el gobernador de la provincia, Duhalde lo quería preso. Se reclamó una sanción ejemplar de parte de la justicia. Se le acusó de extorsión y a pesar de que el delito era excarcelable, se le tuvo en una prisión de alta seguridad durante la sustanciación del juicio. La libertad de Raúl Castells se convirtió en una reivindicación central de todo el movimiento piquetero, se desarrollaron actos y marchas por su libertad, él mismo inició una huelga de hambre. Finalmente se le otorgó el arresto domiciliario, pero luego fue nuevamente detenido con otros cargos judiciales, originados en su lucha popular. Por otra parte en Mar de la Plata, se desarrolló uno de los movimientos piqueteros más pujantes de la provincia. En 1997 cortaron la ruta 88 y lograron la promesa de 6.000 planes provinciales, pero ante la disposición de no cumplir lo pactado, se ordenó el procesamiento de 41 piqueteros que habían participado en este corte de ruta. Luego se conformó la Unión de Comisiones por el Movimiento «Teresa Rodríguez», que en julio de 1999 ocupó la catedral de Mar de la Plata para reclamar trabajo y seguro al desempleo. Después de 21 días de ocupación fueron desalojados por un comando parapolicial y la policía antimotines completó la faena represiva deteniendo a los dirigentes de la lucha. Las movilizaciones entonces, se extendieron rodeando los tribunales hasta lograr la libertad de todos los detenidos.: Emilio Alí, lideró procesos de organización popular de los desocupados en Mar de la Plata con los que desarrolló una acción política para solicitar alimentos a los grandes supermercados. Por una de esas acciones, en la que se presentaron al supermercado TIA con decenas de niños, mujeres, y ancianos, llevando pancartas protestando contra el hambre y la falta de empleo, Emilio resultó siendo procesado y arrestado tiempo después de que sucedieran los hechos. Entre tanto, se le intentó comprar ofreciéndole dinero, vivienda y otras prerrogativas para que se convirtiera en «puntero», como se negó, se le abrieron dos causas penales por coacción y extorsión. Una de las coacciones invocadas como conducta eventualmente punible, fue el hecho de que un joven robó por hambre unas mediaslunas -Croissanes- en una panadería y Emilio Alí habría reclamado a su propietario retirar la denuncia penal contra el muchacho hambriento, el único «testimonio» contra Alí fue el rendido por una manzanera que era a su vez la mujer del panadero, que aseguró que Alí profirió amenazas. Esto, a juicio de los jueces, constituía el delito de coacción.
El otro «delito» imputable a Alí, fue el hecho del supermercado, en el que se reclamaron 150 bolsas con alimentos no perecederos para un comedor popular, además de la seguridad privada del almacén, la policía ya estaba en el lugar, si alguien podía sentirse amenazado, eran las personas que se habían convocado para solicitar alimentos. Sin embargo, el hecho se calificó como coacción y extorsión, pese a que la entrega de bolsas de alimentos a la gente necesitada, había sido aprobada por la Cámara de Supermercados, cuyo gerente testimonió que la entrega era voluntaria y que en total entregaban entre todos 1200 bolsas mensuales.
Lo inaudito de este proceso es que Emilio fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. La misión de la FIDH lo visitó en la cárcel en el mes de marzo de 2002, y luego visitó el Tribunal Penal donde se encontraba la causa, resolviéndose un recurso de sus abogados defensores, reclamando su liberación inmediata. En el mes de abril, fue puesto en libertad, pero no todos los cargos fueron levantados.


* Integrantes de la Misión Internacional de Derechos Humanos realizada en Argentina -Marzo de 2002- por la Federación Internacional de Derechos Humanos, (FIDH) Francia, y Derechos y Democracia (Canadá).
Capítulo estractado del informe de la FIDH de marzo de 2002
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