López es más que un desaparecido.

 

Julio López no es el primer desaparecido de la democracia, sino algo más grave: es el primero en desaparecer en democracia, luego de haber sido desaparecido bajo la dictadura. Es en su carácter de testigo de cargo contra el asesino y torturador Etchelotaz que estamos afrontando su desaparición. La gravedad del caso no admite, entonces, respuestas ambiguas o confundidas por parte del Estado y del gobierno. No se trata de un problema psicológico de amnesia transitoria, como han pretendido explicar. Luego de diez días, si el problema fuese emocional, ya estaría resuelto y López en su hogar, atento el despliegue realizado por todos los medios frente al caso.

Estamos en presencia no sólo de un secuestro, sino de una crisis del Estado. Ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni el gobierno nacional- lo han admitido públicamente- proveyeron una protección para los testigos del caso que ellos mismos impulsaron, y al que funcionarios públicos concurrieron a apoyar. ¿No revela esto una completa bancarrota del aparato de seguridad estatal? La respuesta de negar esta realidad por parte del gobierno necesitaría, esta si, ayuda psicológica.

Pero el gobierno debe avocarse ahora a asuntos más urgentes que la introspección analítica de su propia conducta. Debe rendir cuentas ante los habitantes de este país. Debe explicar porque ha ocurrido esto. Debe, y esto es lo principal, encontrar a Julio López y encarcelar y llevar a juicio, a todos lo responsables de esta conspiración, la mas pérfida de todas las habidas contra las libertades democráticas desde 1983. Pérfida, porque desde las sombras y enquistados en el aparato del Estado (de ninguna otra manera se puede encubrir tanto tiempo un hecho semejante), los secuestradores de López pretenden hacer retroceder al país a las épocas de la obediencia debida, el punto final y los indultos. Pretenderán, seguramente, como lo han hecho en el pasado, "negociar" condiciones o pactos secretos para garantizar su impunidad, pasada y presente. Así le fue al país cuando se pactó en el pasado, desde Alfonsin, Menem, De la Rua y Duhalde. Los resultados de esos pactos miserables están a la vista. Haberlos dejado impunes por la dictadura, el gatillo fácil y los atentados, como una suerte de injustificable "mal menor", les ha permitido a los impunes golpear ahora arteramente al corazón de la Argentina. El ataque no es una mera venganza: se produce en momentos en que se comenzó a lograr el cese de la impunidad. Han golpeado en momentos decisivos de un proceso obtenido gracias a la movilización democrática del pueblo. La conducta del Estado post-dictadura, con sus reiteradas tendencias autoritarias ante las protestas, los cortes de ruta y las huelgas, los ha alentado, en lugar de frenarlos.

Ante esta amarga lección histórica, en este duro momento para las libertades democráticas, será entonces tarea de nuestra movilización, como lo fue antes, la aparición con vida de Julio López y el castigo a los culpables.

 

 

Comité de Acción Juridica (CAJ)

 

27 de septiembre de 2006