El COMITÉ DE ACCION JURÍDICA(CAJ) condena la severa represión
desatada contra los trabajadores petroleros de la ciudad de Las Heras en la provincia de Santa Cruz, que han culminado con el saldo provisorio de dos muertos
y decenas de heridos.
Reiterando una metodología que se viene aplicando en esa provincia, el gobernador Acevedo ha omitido todo dialogo con los trabajadores en huelga, quienes hacia ya dos semanas pedían una respuesta del Estado respecto de sus reclamos por los altos descuentos impositivos a sus salarios. La empresa petrolera,
REPSOL, hizo exactamente lo mismo, respecto de la parte del reclamo de los
huelguistas en cuanto a mejoras salariales. En Las Heras, el costo de vida es tres
veces superior al del resto del pais.
Luego de dos semanas de corte de ruta por parte de los huelguistas, la justicia de esa provincia- como ya lo ha hecho indebidamente en el pasado- ordenó la
detención, en horas de la noche, con uso de alto despliegue armado, del principal dirigente sindical de la huelga. Esto -lejos de encauzar los ánimos del conflicto- generó un enorme indignación en la población , que protagonizó una "pueblada" de más de mil quinientas personas, en un pueblo de diez mil habitantes.
De acuerdo a las versiones de los trabajadores, la policia comenzó a disparar contra la multitud que rodeó la dependencia policial en la que estaba detenido el dirigente de la huelga petrolera, Mario Navarro. Esto causó choques entre los manifestantes y la policia, resultando muerto de un golpe en la cabeza el agente Jorge Sayago. El cacique tehuelche Alejandro Paisman Vera, quien participaba del corte de
ruta en solidaridad con la huelga, apareció asesinado en el borde de una carretera.
La escalada de violencia ocurrida en estos episodios se complementa con la
llegada a Las Heras , de un contigente militar de la Gendarmeria de más mil efectivos, que ha despejado por la fuerza a los huelguistas.
El CAJ denuncia estos graves hechos, responsabilizando al gobierno de Acevedo por lo ocurrido, que pudo evitarse, de haber encaminado las negociaciones
por la huelga en los carriles correspondientes. El gobierno, por el contrario, agudizó un conflicto sindical normal, llevándolo al terreno de la criminalización, al
detener indebidamente al principal dirigente de la huelga, acusándolo de "entorpecer el transito" en un corte de ruta, un "delito" que en el mejor de los casos solo merece una multa y no una detención arbitraria en medio de la noche , llevándolo por la fuerza de su hogar.
La reacción popular en Las Heras, que se movilizó en defensa de la huelga y
de sus dirigentes, expresa el hartazgo de ese pueblo, cuya historia es aquí bien conocida: en los años noventa se cerraron alli la mayoría de las fuentes de trabajo
debido a la privatización del petróleo; entre 1997 y 2000 hubo una ola de suicidios de jóvenes sin trabajo, incluso de adolescentes, la mas alta en la historia de
la Argentina; el año pasado la Federación Internacional de Derechos Humanos(FIDH) debio interceder ante el embajador argentino en Francia, para que se pusiese freno a la ola de represión y detenciones (tambien en la noche y con violencia en los hogares) de los jóvenes trabajadores estatales, que estaban en huelga
por aumento de salarios, sin que el gobierno dialogase para resolver el conflicto.
El gobernador Acevedo se lamenta, con razón, de la muerte del agente Sayago, mientras guarda silencio oficial sobre la muerte del cacique Vera . Estas tragicas muertes no son un hecho aislado; son la continuidad de aquellas muertes
por suicidio, y de aquellas muertes civiles de los que quedaron sin trabajo, ante
cuya situación el estado no reaccionó, haciendo oidos sordos.
El gobierno nacional especula con la existencia de una "conspiración", sin especificar claramente su origen, alegando vagamente a intereses empresariales. El
cierre de las fuentes de trabajo de los noventa en Las Heras, por parte de REPSOL, no fue un hecho secreto. Tampoco lo es que, hoy, como ayer, esta empresa se niega a dialogar con los trabajadores, ni a conceder- como podría hacerlo,
debido a la alta producción petrolífera- nuevos puestos de trabajo. Su insensibilidad y afán desmesurado de lucro constituyen , si, una verdadera conspiración
antidemocrática, cuyo origen no denuncia el gobierno, amparando unos términos de privatización leonina, que no cuestiona, tejiendo una trama de co-gobinero de esa empresa en el seno del Estado, como pudo constatar la misión de la
FIDH en Argentina en 2001 en su visita a Neuquen( ver www. fidh. org-Informe de la misión en Argentina)
En la compleja red de los años noventa, que dejó pueblos enteros sin trabajo por las privatizaciones, en donde el estado nada hizo para remediarlo, nada hizo para evitar suicidios y desesperanzas, nada hizo para dar empleo, nada hizo para poner limites a la omnipotencia de los Repsol y Cia; en su desintéres- en suma- por la población de Las Heras , esta el origen de la actual tragedia..
El CAJ exige la inmediata despenalización del conflicto, permitiendo a los trabajadores ejercer su legitimo derecho de huelga, exige la profunda investigación por
parte de un grupo independiente del estado provincial, de los hechos ocurridos, individualizándose a los responsables de las muertes y de la represión injustamente desatada. Exige se otorgue trabajo, salario igual a la canasta familiar y pleno ejercicio
de las libertades democráticas para la juventud de Las Heras.
