Argentina: Ante un giro regresivo de las libertades
El 16 de abril de 2004, el gobierno argentino anunció, sorpresivamente, un paquete de leyes y medidas administrativas "destinadas a luchar contra la delincuencia".
Las medidas consisten, por un lado, en un conjunto de leyes que envió al
Congreso Nacional, que agravan las penas por delitos contra la propiedad (robo
de automotores y de ganado vacuno) así como los delitos extorsivos (secuestro de
personas). Estas medidas plantean una modificación, asimismo, de los códigos de
procedimientos penales, imponiendo severas restricciones a la excarcelación
de detenidos, mientras dura el proceso.
Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, anunció la creación
de una fuerza federal centralizada, destinada a concentrar la investigación de los
delitos más graves (asesinatos con gran repercusión social, secuestros extorsivos).
Esta fuerza se compondrá de mil efectivos destinados a realizar "investigación e
inteligencia policial", junto a una nueva fuerza, llamada "Fuerza Nacional de
Paz", compuesta por dieciocho mil hombres, que tendrán a su cargo la intervención
en cualquier lugar del país en donde se cometan delitos que el Poder Ejecutivo
considere graves.
La iniciativa del gobierno de Kirchner, es la respuesta a una gran movilización
(ciento cincuenta mil personas) que fue convocada unos días antes de este anuncio
del gobierno, por el padre del joven Axel Blumberg, secuestrado y asesinado en
la provincia de Buenos Aires.
La propuesta gubernamental ha despertado un amplio debate en la sociedad argentina. Efectivamente, existe una creciente inseguridad en el país, instalada con más
intensidad, a partir de marzo de 2004, debido a una ola de secuestros extorsivos, que
en el caso del joven Blumberg, culminaron con su muerte. Este hecho fue la gota
que rebalsó el vaso de la creciente indignación popular, que respondió con una de
las más grandes movilizaciones realizadas desde el fin de la dictadura.
Los organismos de Derechos Humanos integrantes de la FIDH (LADH, CAJ
y CELS) hemos coincidido en que estas medidas anunciadas por el gobierno, no
resolverán el problema planteado. Por el contrario, pueden llegar a agravar la ya
difícil situación existente.
El problema de los secuestros extorsivos y el crimen organizado se vincula, como se ha probado judicialmente, con la existencia de una amplia red de protección policial y política, que participa en la organización de los delitos.
El jefe de la Brigada Antisecuestros de la Policía Federal, fué detenido por tener vinculaciones con la organización que secuestró y asesinó al joven Blumberg.
La policía de la provincia de Buenos Aires está comprobadamente detrás de la
mayoría de los robos y secuestros.
La pretensión del ministro Béliz, al formar una nueva fuerza de cerca de veinte mil hombres destinada a enfrentar este flagelo, parece encomiable. Pero integrarla con personal extraído de la misma Policía Federal, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval introducirá en el seno de la nueva fuerza a los integrantes del problema que se procura erradicar.
La Policía Federal ha debido ser purgada en más de cien de sus jefes operativos, a los que se les ha probado vinculación con las organizaciones delictivas. La
Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval han sido responsables, en los últimos diez años, de la muerte de numerosos manifestantes de las protestas contra
el gobierno de Menem y de De La Rua. Estas dos últimas, con vínculos directos
en las Fuerzas Armadas, están sospechadas, a su vez, de estar vinculadas a las redes de contrabando y narcotráfico.
Integrar a los viejos miembros de esas fuerzas a una "nueva", no resuelve, el
problema de fondo. La impunidad con la que durante todos estos años han actuado las fuerzas de seguridad, es la verdadera raíz del problema.
En la provincia de Buenos Aires, como lo comprobó la FIDH en sus dos misiones en Argentina, existen registrados más de mil seiscientos casos de "gatillo
fácil". Se trata de casos en los que la policía está acusada de asesinar a jóvenes de
los barrios más humildes. En el asesinato del joven Blumberg, hijo de un industrial textil, se ha probado judicialmente, la participación de varios jefes de la policía. Esto revela que esta práctica de desprecio por la vida, se ha descargado sobre todos los sectores de la sociedad, no importando su condición social.
El aumento de las penas tampoco solucionará los graves problemas existentes.
Durante los últimos doce años se ha venido modificando el Código Penal y los
Códigos de Procedimiento, imponiendo penas cada vez más severas, y condiciones de detención cada vez más duras, sin que esto haya disminuido la creciente
ola delictiva. Una de las medidas más cuestionadas, es la de impedir la excarcelación mientras dure el proceso, aunque no se trate de un delito grave. Esto significará una pena anticipada para quien sea detenido, aunque luego se lo declare
inocente. La medida de juicios sumarísimos (cinco días) para delitos "flagrantes"
vulnera las garantías del debido proceso, pudiendo dar lugar a condenas arbitrarias.
La disminución a catorce años de la responsabilidad penal constituye un verdadero programa de criminalización de la juventud, por mera portación de edad.
La reforma significará el desmantelamiento del Consejo del Menor y La Familia
que, si bien ha revelado ser absolutamente ineficaz tanto para el menor como para la familia, no será reemplazado por una estructura que supere sus deficiencias.
Las cárceles argentinas están hacinadas de detenidos. El Servicio Penitenciario, encargado de su control, ha sido denunciado judicialmente, por varios jueces
y camaristas, por obligar a los detenidos a salir de la prisión a cometer delitos, cuyo botín era entregado a los jefes de esa repartición del Estado. El hecho se agrava, porque ya no existe en Argentina capacidad física para más detenidos en las
cárceles. El gobierno ha anunciado que construirá nuevas cárceles, pero nada ha
propuesto ante las graves constancias judiciales de la participación en el delito de
los jefes del Servicio Penitenciario.
El panorama del giro en la situación de las libertades en Argentina se completa con un reciente fallo de la Cámara de Casación Penal, que condenó a nueve
trabajadores ferroviarios por haber participado de una huelga. En este fallo, se hace una verdadera defensa de la Criminalización de la Protesta Social, con consideraciones que exceden el caso tratado de los ferroviarios, ampliando la condena
a todas las formas de protesta, en particular los cortes de calles y rutas.
El gobierno argentino, a través de sus ministros de Justicia y del Interior, han
defendido públicamente, y saludado, este fallo, considerándolo "positivo". Esto
contradice las afirmaciones del presidente de la República, Néstor Kirchner, en el
sentido de que no se habría de criminalizar la protesta social (discurso del 25 de
mayo de 2003, al asumir su cargo).
El presidente Kirchner no ha desmentido a sus ministros, lo que otorga un
matiz aún más inquietante a su negativa de aprobar una ley de desprocesamiento para los más de diez mil procesados, durante los años de los gobiernos de Menem y de De La Rúa, por haber participado de protestas contra la política económica y social.
La creación de una "Fuerza Nacional de Paz", en este contexto, preanuncia la
posible focalización de ese nuevo cuerpo, en el conflicto social.
En las últimas semanas de abril, han comenzado a producirse huelgas y movilizaciones en diversos puntos del país. En la provincia de San Luis (1200 km de
Buenos Aires), la población ha salido a apoyar una huelga de maestros por tiempo indeterminado, exigiendo la intervención federal de esa provincia. En la provincia de Santa Fe (500 km de Buenos Aires) hubo movilizaciones masivas contra el gobierno provincial en protesta por las inundaciones ocurridas el año anterior. La población atribuye el hecho a la negligencia de los gobernantes, que alertados sobre el problema meteorológico, no tomaron las medidas necesarias para
evitar que la mayoría de los sectores populares perdiesen sus casas y pertenencias.
En el acto central de protesta, el presidente Kirchner envió un saludo al pueblo,
que no pudo ser leído debido a la silbatina generalizada.
El gobierno admitió el aumento de las tarifas de los servicios esenciales (electricidad y gas), en manos de empresas privatizadas, que podría oscilar entre un 10
y un 25%. La mayoría de la población trabajadora utiliza gas en garrafas en sus
hogares y más de un millón de vehículos funcionan con gas comprimido. Estas
medidas agravarán aun más la situación de los asalariados y los desocupados
Los nuevos datos de la situación en Argentina preanuncian la posibilidad de
un giro contra las libertades democráticas, en el marco de una tendencia hacia un
Estado policial.
