Contra la militarización

 

 

El gobierno argentino acaba de anunciar su propósito de enviar tropas militares a la provincia de Buenos Aires, "para ayudar a la policía a combatir la delincuencia". Simultáneamente, comunicó que enviará un contingente militar, para sumarse a las fuerzas de ocupación ya existentes en Haití.


La ola de secuestros, asesinatos y robos que viene asolando a la provincia de Buenos Aires tiene, precisamente, un origen vinculado a la intervención militar. Como se comprobó judicialmente, fue durante la jefatura del general Ramón Camps, en la época de la dictadura, que la policía de la provincia de Buenos Aires pasó a controlar, mediante las llamadas "zonas liberadas", el negocio de secuestros extorsivos, robo de autos y droga. Esta estructura fue la contrapartida, en calidad de financiamiento, del genocidio llevado a cabo, en más de sesenta campos de exterminio.


Al retorno de la democracia, los dos principales partidos políticos que se alternaron en el gobierno (radicales y peronistas) decidieron, en los hechos, dejar intacta la estructura montada por Camps, considerándolo una suerte de "mal menor". Es así como desde la gobernación radical, se defendió institucionalmente a los policías de "gatillo fácil", en Ingeniero Budge y Dock Sud. Los acusados de estos crímenes siguen en libertad. Otro tanto ocurrió bajo los largos años de la gobernación peronista, con el luctuoso saldo de centenares de jóvenes baleados en supuestos "enfrentamientos" policiales.


La impunidad reinante en la provincia de Buenos Aires, tiene su origen en una compleja trama de alianzas, entre las bandas de ladrones, la policía y las intendencias. Esta red llega, incluso, a la esfera del Servicio Penitenciario, encargado de la custodia de las cárceles, que ha venido reclutando presos, a los que obligaba a salir a robar, para compartir el botín. La propia Policía Federal, a través de altos jefes, está también involucrada en esta estructura delictiva.


El envío de militares para ayudar a la policía, propiciado por el ministro de Defensa, José Pampuro, no aparece, sin embargo, como un tema exclusivamente nacional. El gobierno de Brasil, anunció, ayer, el envío de tropas militares para luchar contra la delincuencia en las "favelas" de Río de Janeiro, donde existe una trama de complicidad similar.


Recientemente, estuvo reunido con el ministro Pampuro, el representante del secretario de Estado norteamericano Rumsfeld. La presencia de tropas militares para defender la "seguridad" interna, el tema del movimiento de desocupados " piqueteros" y el envío de tropas a Haití, fueron los temas tratados en la reunión.


En este marco, los anuncios del gobierno, revelan un acuerdo con la iniciativa de incluir a los militares en la "seguridad " interna, algo prohibido por las leyes argentinas actuales, y que pretende sortearse con argucias legales.


El envío de tropas a Haití, significará, al mismo tiempo, la presencia de militares argentinos en el control de la seguridad, es decir, de los problemas derivados de la situación particular de otro país, vulnerando así el principio de autodeterminación del pueblo haitiano, que debe resolver sus dificultades, sin ocupación o injerencia de terceros países. Estas medidas, de concretarse, significarán un abierto alineamiento con la política del gobierno de Bush, tanto en el terreno nacional como internacional. Ya hace mas de seis años que el Comando Sur de Estados Unidos viene exigiendo la participación de los militares argentinos en " la lucha contra el narcotráfico", es decir, en problemas de seguridad interna.


El CAJ se opone a estas medidas que, lejos de resolver los problemas planteados, habrán de agravar aún más, la ya difícil situación existente.


Llamamos a pronunciarse en contra del envío de tropas militares a los barrios populares de Buenos Aires, Río de Janeiro y Port-au-Prince.

 

 

Comité de Acción Jurídica (CAJ)

 

14 de abril de 2004